P. CERVILLA

MADRID. El Ministerio de Defensa reaccionó ayer a la polémica que se ha suscitado en la Justicia española, a raíz de quién tiene la competencia para juzgar a los piratas capturados por los militares españoles en aguas de Somalia y cómo informó a la Fiscalía, defendiendo su actuación.

Frente a quienes acusan a Defensa de no haber informado al juez de la existencia de un acuerdo entre la Unión Europea y Kenia, fuentes de este departamento ministerial tan sólo afirman que el Ministerio de Defensa cumplió lo que dice el protocolo de actuación firmado en su día con la Audiencia Nacional. En virtud de este protocolo, que se aplica para los casos en que las Fuerzas Armadas realicen detenciones en alta mar, el Ministerio de Defensa tiene la obligación de comunicar a la Audiencia Nacional estos arrestos. Y eso es lo que se hizo. Sobre la falta de información al juez del convenio con la UE, no se han querido pronunciar.

Lo cierto es que la existencia del convenio alcanzado en su día entre la Unión Europea y Kenia, firmado el 6 de marzo, es de obligado cumplimiento para todos los países europeos que realicen capturas de piratas dentro de la operación Atalanta. El convenio debe estar ratificado por los Parlamentos de los países miembros de la UE, pero puede ser aplicado de forma provisional, a pesar de no haber recibido el visto bueno final. En el caso de España, todavía no ha sido ratificado por el Congreso. Precisamente, ayer, la fragata francesa Nivôse, entregó a Kenia a 11 presuntos piratas, sobre la base de ese mismo convenio.

La duda que existe sobre la actuación de Defensa es si el acuerdo entre la UE y Kenia le exime de cumplir el protocolo con la Audiencia Nacional.