Miércoles, 06-05-09
ESTHER ARMORA
BARCELONA. La nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) ha causado daños irreparables en las desgastadas relaciones internas del tripartito catalán. El tenso y largo debate social y político de la ley -con dos huelgas generales de por medio- ha alejado definitivamente a PSC y ERC de sus socios ecosocialistas (ICV) y ha constatado las posibilidades reales de una coalición sociovergente.
La última ponencia parlamentaria encargada de debatir la nueva normativa, celebrada ayer, acabó según lo previsto, o sea, sin el apoyo de ICV al redactado y con la confirmación de los pactos fraguados -más fuera que dentro del Parlament- entre PSC y CiU, con el consentimiento de los republicanos. Aunque todavía quedan «ponencias vivas», entre ellas algunas de ICV, los ecosocialistas confirmaron ayer su «no» a la normativa. Las razones las resumía así la diputada Dolors Camats: «No respeta la esencia del Pacto Nacional de la Educación (PNE), en el sentido de que no garantiza igualdad de derechos y obligaciones para la red pública y la privada; y no define un modelo propio de educación para Cataluña». Sin embargo, estas son sólo las causas de forma que le han llevado a ICV a plantarse.
El verdadero detonante ha sido el pacto cerrado por PSC con los nacionalistas para que los centros concertados que practican educación diferenciada reciban dinero público. Camats criticó también la «ambigüedad» de la ley, que, según dijo, «deja abiertos capítulos que deberían estar cerrados» y que serán «interpretables por parte del gobierno de turno». No obstante, la formación ecosocialista quiso dejar claro que parte de las enmiendas que han presentado han sido aceptadas o transaccionadas y celebró algunos avances que supondrá la nueva normativa como que dotará de una mayor autonomía a los centros, «hará que el sistema esté más evaluado» y «blindará la escuela catalana en lengua y contenidos».
Esquerra, un papel secundario Al tiempo que Iniciativa explicaba las causas de su ruptura, el nuevo matrimonio educativo (CiU y PSC) brindaba por los logros de su unión. ERC tuvo ayer un papel secundario. En los pasillos parlamentarios todos dan por hecho que la influencia de los republicanos en el redactado se limita a poco más que la cuestión lingüística (artículos 9 y 11). El diputado de ERC, Josep Maria Freixanet, expresó ayer su satisfacción por haber conseguido una «ley de país» que «acaba con privilegios malentendidos». Celebró también enfáticamente que el sistema educativo catalán «quede liberado de los decretos estatales que reclaman que se imparta la tercera hora de castellano».
También CiU, PSC e ICV celebraron el blindaje de la inmersión. «La tercera hora no se ha salvado por un decreto sino por una ley», dijo la diputada nacionalista, Irene Rigau, que aplaudió otros logros del articulado como que el concierto llegue al bachillerato y la FP.
Por su parte, PP y C´s dieron un no rotundo a la ley y anunciaron un posible recurso al Constitucional. El diputado popular, Rafael López, criticó que se haya gestado sin el apoyo del profesorado. Denunció también la reducción de los derechos de los castellanohablantes y acusó a PSC y CiU de pactar la normativa «fuera del circuito parlamentario». Por su parte, C´s pidió para los castellanohablantes el mismo reconocimiento que se da a los centros que separan por sexos. «O sea se puede separar por sexos pero no por lengua», apuntó el diputado Antonio Robles. El texto de la ponencia se presentará mañana en la Comisión.