El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció esta mañana en Bucarest que el Gobierno atenderá algunas de las recomendaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería.

En concreto, el Ejecutivo modificará y hará precisiones al polémico artículo 53.2C del proyecto, que tipifica como “falta grave” la acogida de un inmigrante en situación irregular, lo que según el órgano de gobierno de los jueces podría dar a entender que la actividad de las ONG que atienden a estas personas podría considerarse una infracción y, por tanto, sería castigada.

Asimismo, los menores no acompañados que vayan a ser expulsados de España deberán ser oídos en el trámite de repatriación, siempre antes de que se tome una decisión sobre su situación.

Corbacho se encuentra desde ayer de viaje oficial en Rumanía para fiirmar dos acuerdos con el Ministerio de Trabajo. El primero servirá para que a partir de ahora el Servicio Público de Empleo Estatal español difunda entre los residentes rumanos todas las ofertas de trabajo que surjan en este país, con lo que se pretende facilitar e incentivar la vuelta a casa de aquellos que están en paro, ya no perciben prestación alguna o están en serio peligro de perder su empleo. El segundo, es un acuerdo de colaboración entre las inspecciones de trabajo de los dos países.

Ayudas directas para el regreso

Además, el ministro anunció que España está dispuesta a dar ayudas directas aquellos rumanos que quieran regresar a su país, si es que eso es viable jurídicamente, para lo cual se ha encargado un informe. Asimismo, Corbacho planteó a su colega rumano la posibilidad de que el Ejecutivo de este país también ofrezca ayudas a sus compatriotas que quieran volver a casa, y se estudió una estrategia conjunta para pedir fondos europeos destinados a este fin.