AP Línea de ensamblaje del Dodge Ram en su planta de Warren, en Michigan
Llegó el temido día de bajar la cabeza en Detroit. Chrysler se declaró ayer en bancarrota. Eso sí, no cualquier bancarrota sino una «rápida, oficial y controlada», anunciada personalmente por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y financiada por su Gobierno con 8.000 millones de dólares más. Esa es la dote necesaria para casar al gigante automovilístico con Fiat.
Hasta el último momento la Casa Blanca intentó evitar el estigma de la quiebra. La idea era renegociar las impresionantes deudas de Chrysler, convenciendo a los bancos y fondos de inversión acreedores de rebajar los casi 7.000 millones que se les deben a poco más de 2.000 millones. No funcionó. Desde el primer momento Obama había advertido que el acuerdo era para todos o para nadie. Nadie se quería arriesgar a vetos de último minuto en los tribunales.
«Sólo hay una cosa más impopular en América que dar dinero a los bancos... dárselo a la industria automovilística», dijo recientemente Obama. Y sin embargo él no ha tenido mucha opción. En parte por la indudable conmoción sistémica que la caída de Detroit supone para toda la economía. En parte porque los poderosos sindicatos del motor, los míticos auto workers, hicieron lobby potentísimo -y recogieron muchos fondos- para la candidatura del actual presidente de EE.UU.
Entonces Obama se debe a los auto workers, que además votan demócrata toda la vida, pero resulta que los derechos y privilegios adquiridos por los auto workers son clave para explicar la decadencia de Detroit. No es sólo que se hicieran coches cada vez menos competitivos frente a los que fabrican Toyota, Honda y Nissan en sus plantas de EE.UU. Es que estos competidores resultan inalcanzables para Detroit mientras tenga unas obligaciones de hierro con su plantilla y con los miles de distribuidores y concesionarios superfluos, pero que no pueden ser eliminados sin pagar un elevado coste.
La ventaja de la quiebra es que permite borrar estas cargas y partir de cero. Con esta amenaza de fondo ha sido posible persuadir a los sindicatos de renunciar a algunas de sus conquistas históricas a cambio de tener el 55% de las acciones de la nueva empresa. Fiat tendrá un 20% con posibilidades de subir al 35%. El Gobierno de EE.UU. se reserva un 8% y Canadá un 2%.
De obreros a principales accionistas es un salto cualitativo impresionante. Bien es verdad que así los trabajadores de Chrysler se encadenan por su propio interés a la necesidad de que la compañía genere beneficios. Obama compareció ayer públicamente, acompañado de todo su equipo de asesores sobre la crisis del automóvil, para mostrarse convencido de que Chrysler no sólo sobrevivirá sino que florecerá.
