Tras más de medio año de gestación, el Gobierno alumbró ayer el pacto con el sector eléctrico que guiará la evolución de las tarifas de la luz hasta el año 2012 y pondrá fin al enquistado déficit tarifario -diferencia entre los ingresos de las compañías y los costes del sistema-. El acuerdo había sido gestado previamente entre Industria y las compañías eléctricas, por lo que tras la bendición dispensada ayer por el Consejo de Ministros será publicado en forma de Real Decreto-Ley en los próximos días.

La medida estrella de la nueva regulación es la creación de un «bono social» que mantendrá congelado el recibo de la luz de unos cinco millones de hogares hasta 2012. Esta bonificación será sufragada hasta entonces por las eléctricas, como gran contrapartida al aval del Estado que el Gobierno se ha comprometido a otorgar al déficit tarifario; una deuda asumida con el sector por cerca de 10.000 millones, que no ha podido ser titulizada por la crisis financiera.

El bono social entrará así en vigor el próximo 1 de julio de forma autómatica para los consumidores que tengan hasta tres kw de potencia contratada en su vivienda habitual. Un consumo que cubre la iluminación de la vivienda y el uso de pequeños electrodomésticos. Además, podrán convertirse en beneficiarios los clientes perceptores de una pensión mínima, así como las familias numerosas y aquellas que tengan a todos sus miembros en paro, siempre para su primera residencia y cuando su potencia contratada no supere los 10 kw.

Para ello, tendrán que presentar documentación acreditativa del cumplimiento de estas condiciones ante su compañía eléctrica.

Incógnitas

El acuerdo comunicado ayer, sin embargo, deja varias lagunas. La primera es que el bono social se aprueba sin una cuantificación oficial de su coste y, por tanto, el Gobierno deja sin atar el compromiso financiero que deberán asumir las compañías por este concepto. Un dato tanto más importante teniendo en cuenta que el sector tan sólo se compromete a financiarlo hasta 2012, cuando se celebrarán elecciones generales.

A partir de entonces, esta medida de protección social estará en el aire y su renovación dependerá de una nueva negociación entre el Gobierno y las compañías eléctricas. La otra gran pregunta es la evolución que seguirá el recibo de la luz de los pequeños clientes que consumen entre 3 y 10 kw pero no reúnen las condiciones para acogerse al «bono social». Se trata de cerca de 20 millones de hogares que desde el 1 de julio tendrán que acogerse a la nueva Tarifa de Último Recurso: un precio regulado que fijará el Gobierno pero que tenderá a alinearse con el mercado con el objetivo de poner fin a la generación de nuevo déficit. En concreto, fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a la implantación de subidas anuales del orden del 5% que lograrían acotar este desfase desde los 3.500 millones de 2009 a tan sólo 1.000 millones en 2012, y conseguir su extinción en 2013.

Para apuntalar el final del déficit, las eléctricas asumirán los gastos de la gestión de los residuos radioactivos y del combustible gastado por las centrales nucleares, que alcanzan 2.700 millones, según Industria. Por su parte, el Gobierno trasladará a los Presupuestos del Estado el coste de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que suman 1.300 millones.

La CEOE celebra el pacto

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales valoró positivamente este acuerdo celebrando el final del déficit tarifario, y subrayando que la nueva regulación «va en la buena dirección», al igual que «otras medidas adoptadas recientemente por el Gobierno».