El Gobierno puede limitar la presencia en España de monopolios energéticos foráneos
Lunes, 27-04-09
El Parlamento Europeo acaba de aprobar un paquete de medidas -dos directivas y tres reglamentos- para liberalizar los mercados del gas y de la electricidad en la Unión Europea que incluye medidas «defensivas» ante el posible desembarco en empresas energéticas europeas de los grandes grupos estatales de, por ejemplo, Rusia y Argelia. Además, la UE faculta a los países que, como España, han hecho los deberes y han llevado a cabo la separación patrimonial de sus grupos energéticos a que adopten medidas para proteger a sus empresas energéticas del probable interés de grupos todavía verticalmente integrados, como la estatal francesa EDF o la alemana E.ON.
Ambas medidas tienen especial importancia para nuestro país, dado los recientes intentos de las rusas Gazprom y Lukoil, la argelina Sonatranch y la mencionada EDF por aumentar su presencia en los mercados energéticos españoles. No obstante, las nuevas reglas no definen qué tipo de medidas pueden adoptar los gobiernos y sólo subrayan que deberán ser compatibles con el Tratado, con la legislación comunitaria, además de ser proporcionadas, no discriminatorias y transparentes.
Bruselas es la que decide
Asimismo, cualquier medida de este tipo deberá notificarse a la Comisión Europea, que será quien resuelva el caso. Si hubiera discrepancias, sería el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) el que tendría la última palabra. Hay que recordar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sufrido ya varios «revolcones» del TUE por las medidas adoptadas en su día para poner trabas a E.ON en la toma de control de Endesa.
Más recientemente, ACS y EDF prepararon su asalto a Iberdrola, frustrado por la contundente defensa realizada por el presidente de la eléctrica española, Ignacio Galán. Sin embargo, los mercados no descartan que Florentino Pérez vuelva a intentarlo otra vez, con el mismo socio o buscándose otro «caballero blanco», que podría ser la alemana E.ON.
En el caso de que la multinacional estatal francesa EDF volviera a intentar controlar una empresa energética española, los analistas dudan muy mucho de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero dificultara la presencia de ese grupo en el sector español para conservar las buenas relaciones con el Gobierno de Nicolas Sarkozy, especialmente en materia antiterrorista, sin olvidar que Francia le cedió una silla a España en la cumbre del G20 celebrada en Washington en noviembre pasado.
Es decir, que la decisión del Ejecutivo español ante una posible operación empresarial de ese tipo dependerá del interés político de Rodríguez Zapatero. Así sucedió en la guerra de opas sobre Endesa. El Gobierno vio con buenos ojos la primera propuesta de Gas Natural, pero puso todas las trabas posibles a la segunda opa de E.ON. Sin embargo, propició y facilitó la tercera propuesta, la de Acciona y la italiana Enel, denominada «la solución española».
En cuanto a las trabas a monopolios ajenos a la UE, como Gazprom y Sonatrach, no hay que olvidar que tanto ese grupo ruso como Lukoil podrían retomar su interés por la participación del 20% que Sacyr tiene en Repsol y que la empresa estatal argelina quiere aumentar su presencia en el nuevo gasoducto Medgaz y en el mercado español.
Además de las mencionadas medidas, la solidaridad será otro de los aspectos cruciales a medio plazo en el sector, ya que el acercamiento de los diferentes mercados nacionales hará que sea más fácil ayudarse en caso de una interrupción del suministro.
Los consumidores también notarán mejoras con la nueva regulación ya que estarán más protegidos frente a posibles abusos de las compañías energéticas en las facturas, el suministro, etc... y pueden llegar incluso a recibir indemnizaciones de las compañías. Cabe recordar el escándalo que se ha producido en nuestro país recientemente al implementarse la facturación mensual de la luz y producirse miles de quejas de los consumidores.
Contadores inteligentes
Además se instalarán contadores inteligentes en el 80% de los hogares de aquí a 2020, por lo que los consumidores podrán controlar sus gastos y mejorar la eficiencia energética.
En el terreno práctico los consumidores podrán cambiar de suministrador de gas o electricidad en un plazo mácimo de tres semanas sin gastos, al tiempo que podrán pedir extractos de cuentas en un plazo de seis semanas desde el cambio de suministrador y podrán optar a una indeminización en el caso de que no se cumplan los niveles de calidad estipulados en el contrato.

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