LA noticia de que un preso etarra acepta la acusación del fiscal no es frecuente, pero ayer se dio el caso en la Audiencia Nacional y constituye un síntoma de la situación del frente penitenciario de ETA. El terrorista Gorka Lupiáñez se conformó con la condena de 11 años y 11 meses que solicitó la Fiscalía, después de rebajar su petición inicial de 15 años de prisión. Al margen de que pueda ser discutible éticamente un acuerdo entre la Fiscalía y un etarra, y partiendo de la base de que es un instrumento excepcional que no debe generalizarse, sí es relevante la significación política de que un terrorista se avenga a una conformidad de este tipo. Hace pocos días se conoció la oposición de los presos de ETA a la instrucción dada por los dirigentes de la banda de no pagar fianzas para favorecer excarcelaciones y no aceptar acuerdos como el de Lupiáñez con la Fiscalía. Es sabido que la cúpula etarra quiere que sus presos renieguen todo beneficio penitenciario que implique relajación en la militancia o que busquen mejorar su situación, porque estas conductas supondrían aceptar la legalidad «española» y la legitimación de sus tribunales.

Sin embargo, la cohesión de este frente carcelario está sufriendo las consecuencias de una política correcta, tanto penal como penitenciaria. El cumplimiento íntegro de las condenas, aún reservado para los delitos más graves, se cierne sobre los terroristas más sanguinarios como si fuera una cadena perpetua. La «doctrina Parot» ha cercenado las expectativas de excarcelación anticipada de terroristas contumaces y sin redimir, pero que iban a verse beneficiados por una absurda benevolencia penal. Y ahora, el nuevo Gobierno del País Vasco se ha comprometido a cortar la financiación de los viajes de las familias de presos, que enmascaran en un gesto humanitario una herramienta de la cúpula etarra para mantener la fidelidad de los terroristas encarcelados.

Para un etarra, aceptar, como hizo ayer Gorka Lupiáñez, una condena de más de 11 años, ante la Audiencia Nacional, sin defenderse ni lanzar soflamas, es un acto de disidencia con la banda y un mensaje que se contrapone a la imagen de aquellos sanguinarios asesinos que golpeaban la cabina de la sala de juicios mientras amenazaban e insultaban a los magistrados. La eficacia judicial, la firmeza judicial, el rigor de las condenas y el compromiso político de Gobierno y oposición por la derrota incondicional de ETA privan de esperanza a los terroristas presos y los conducen a emanciparse de unos dirigentes que los tratan como material de deshecho rompiendo la disciplina de grupo y buscando salidas individuales. Sin negociación ni componendas como las de la anterior legislatura.