El último coletazo de Touriño
Jueves, 23-04-09
La guerra contra la subvención a los colegios que aplican el modelo de educación diferenciada, separada por sexos, no parece tener fin. El último episodio, tras los acaecidos en Cantabria y Asturias, ha tenido lugar en Galicia y lo ha protagonizado el extinto Gobierno socialista de Emilio Pérez Touriño mientras estaba en funciones, y lo ha dejado pendiente de solución al nuevo Gobierno del Partido Popular.
En efecto y de acuerdo con la línea marcada por las Autonomías de PSOE, el pasado 16 del actual mes de abril -dos días antes de que tomara posesión Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente de la Xunta- la directora general de Innovación Educativa, María José Pérez Mariño, firmó una resolución por la que se comunicaba a cinco colegios que imparten educación diferenciada y que estaban subvencionados (concertados) desde 1985 que se les retiraba esa financiación pública.
Cuatro de los colegios: Peñarredonda (masculino) y Montespiño (femenino) de La Coruña, y Montecastelo (masculino) y Las Acacias (femenino) de Vigo, pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza. El quinto, Aloya (femenino), también de Vigo, es una obra corporativa del Opus Dei que imparte Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional. En total, serán 2.000 los alumnos afectados, si el legado «envenenado» de Touriño al PP se pierde en el camino, es decir, la resolución provisional no prospera.
La resolución de la Xunta argumenta que, debido a la limitación presupuestaria y los imperativos de la disposición adicional vigésimoquinta de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que otorga preferencia a los centros mixtos a la hora de suscribir conciertos, «no procede» la renovación con los mencionados conciertos a los colegios gallegos.
«Roza la prevaricación»
Los responsables de estos colegios disponen de diez días para presentar alegaciones a la comunicación que suspende los conciertos. Entienden que la actitud de los ex gobernantes socialistas «roza la prevaricación», ya que, según sus palabras, «han reducido las partidas de los presupuestos gallegos destinadas a conciertos en las cantidades que suman los destinados a los centros en conflicto, lo que les permite hablar de escasez de recursos y de atender las preferencias legales».
Las alegaciones deberán ser revisadas y en su caso atendidas o rechazadas por un nuevo equipo, ya que la directora general que firmó la resolución cesa mañana en su cargo y será relavada por quien designe el nuevo Ejecutivo del Partido Popular.
¿Y cual es la postura de la nueva Xunta ante el problema planteado? Todavía no ha podido examinarlo, porque tan sólo ha tomado posesión de su cargo el consejero de Educación, Jesús Vázquez, y entre hoy y mañana quedará configurado su equipo. No obstante, un portavoz del Ejecutivo regional reiteró ayer que garantizar a los padres la libertad de elección de centro es una de sus cuestiones primordiales. Acerca de la renovación de los conciertos, esta misma fuente aseguró que de inmediato «analizarán todos y cada uno de ellos para comprobar si se ajustan a a la legalidad».
Los padres, al igual que los de los colegios de Cantabria (Torrevelo y Peñalabra) y Asturias (Los Robles y Peñamayor), sostienen que es una cuestión de libertad. «No queremos imponer nuestro modelo a nadie sino que respetamos todos los que puedan existir, pero exigimos el reconocimiento del derecho constitucional a elegir en igualdad de condiciones el tipo de educación que queremos para nuestos hijos».
Los defensores de la enseñanza diferenciada apelan a la LOE, «que en modo alguno, prohíbe subvencionarla», a las sentencias del Tribunal Supremo, que la consideran legítima, así como a pronunciamientos de la Unesco.
Analizar cada caso
El nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, preguntado sobre la polémica suscitada respondió que «el mensaje es muy claro: educación para la inclusión, sin discriminación, en una sociedad abierta y plural». Para Gabilondo, «sólo se aprende a convivir conviviendo; y sólo se educa para la diversidad conviviendo diversamente en un espacio plural». No obstante, no entró en el fondo de la cuestión y sentenció: «Hay que ver cada caso concreto».
Además, considera que es necesario conocer también «los conflictos legislativos, y sobre todo jurídicos sobre si es pertinente o impertinente» la retirada de los conciertos.

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