Soltando un lastre político que no le corresponde pero sin revolver demasiado en la trastienda de los servicios de inteligencia, la Administración Obama ha ofrecido una generosa dosis de sincretismo al hacer públicas las técnicas hasta ahora secretas para los interrogatorios coercitivos aprobadas tras el 11-S. Gesto combinado con el ofrecimiento de inmunidad contra posibles procesamientos por delitos de tortura a los agentes de la CIA que las aplicaron.
Esta decisión culmina un intenso debate dentro del nuevo Gobierno estadounidense sobre cómo hacer frente a los abusos cometidos al hilo de la estrategia anti-terrorista formulada por la Administración Bush. Con el consenso de que esos abusos han terminado por perjudicar la seguridad de Estados Unidos. Pero asumiendo también la posición pragmática de no depurar posibles responsabilidades delictivas.
Cuatro informes
Los cuatro informes publicados, redactados por el Departamento de Justicia entre 2002 y 2005, incluyen detalladas descripciones de las técnicas aprobadas para que la CIA interrogase a presuntos terroristas extranjeros. Los textos vienen acompañados de elaborados argumentos de justificación legal, con insistencia en que esas tácticas coercitivas no constituían un delito de torturas.
La lista de técnicas permitidas, cuya publicación ha sido cuestionada por elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y altos cargos de la Administración Bush, incluye la manipulación de la dieta, desnudez, empujar al interrogado contra superficies flexibles, bofetadas, medidos golpes en el abdomen, posiciones forzadas, agua fría, privación de sueño, uso de insectos para causar terror y simulaciones de ahogamiento («waterboarding»).
Eric Holder, nuevo titular del Departamento de Justicia y fiscal general, se comprometió a no presentar cargos contra agentes de la CIA «que actuaron razonablemente y confiaron de buena fe en los dictámenes sobre la legalidad de su conducta». Además, el Departamento de Justicia les representará y se hará cargo de los costes asociados con cualquier querella o procesamiento en tribunales extranjeros. En un mensaje a los empleados de la CIA, el presidente Obama indicó que la publicación de esos documentos es una obligación derivada de «nuestro compromiso con el imperio de la ley».