Actualizado Jueves, 16-04-09 a las 15:03
El casi mítico «bar Eduardo», situado en la playa de las Tres Piedras de Chipiona (Cádiz), ha quedado reducido a escombros. Ayer, pasados pocos minutos de las 10.00 horas, las máquinas demolieron el chiringuito a pie de arena que llevaba abiero cuatro décadas, desde 1968. El dueño del bar regentará, desde ahora, otro local a escasos treinta metros dle primero y en pleno Paseo Marítimo, pero al ver cómo se derrumbaban cuarenta años de recuerdos, de pescadito frito, cervecita y bromas de una clientela que formaba ya una auténtica familia, no pudo reprimir las lágrimas. Emoción contenida por la que, si se comienza a aplicar estrictamente la Ley de Costas del Ministerio del Medio Ambiente (que data de 1988), podrían ir pasando, uno a uno, los propietarios de los 800 chiringuitos ubicados en arenas andaluzas, un negocio que rentó el año pasado unos 600 millones de euros y da trabajo a 40.000 personas.
El «bar Eduardo» fue la primera ficha del dominó en caer ayer por estar situado «en dominio público marítimo-terrestre», así que se decretó que era «ilegal» en base al artículo 31.2 de la Ley de Costas. El derribo conllevará la restitución ambiental de la zona de aparcamiento que se encuentra junto al establecimiento, de acuerdo a lo dictado por la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico.
Interpretación «fundamentalista» de la LeyLa orden de derribo llega quince días después de que la interpretación renovada de la Ley de Costas que lleva a cabo el Gobierno protagonizase un duro rifirrafe en la Cámara Baja, al que puso voz crítica la diputada malagueña Celia Villalobos, quien tildó la interpretación de la normativa de «fundamentalista». Esta norma de costas del Ministerio establece, entre otros requisitos, que la distancia mínima entre los restaurantes de playa sea de 200 metros, que cada negocio no ocupe más de 150 metros cuadrados y que todos estén fuera de la arena, con el fin de no molestar a los bañistas. Pero a más de uno de estos bañistas le puede molestar más tener que salir fuera de la arena y andar decenas de metros para disfrutar de la tradicional caña tras un chapuzón.
Villalobos espetó, enfadada, a la ministra del ramo, Elena Espinosa, que el Ejecutivo ha decidido «transmudar la Ley de Costas e interpretarla de forma diferente», pues muchos de los chiringuiteros hicieron obras de remodelación para poder ser legales a instancias de los ayuntamientos, con el apoyo de la Demarcación de Costas.
Los «chiringuiteros», en pie de guerraDerribada la primera piedra de esta nueva interpretación, que pone a los chiringuitos al borde del abismo, los empresarios de los establecimientos playeros se han puesto, como era de esperar, en pie de guerra. Están dispuestos, como señaló ayer su presidente en Granada, Francisco Trujillo, a Ep, a «montar el chiringuito» en la zona de Nuevos Ministerios de Madrid si en dos semanas la mesa de trabajo entre el sector y responsables de Medio Ambiente no resuelven este problema. Trujillo dijo que, tal y como se acordó en una reunión de todos los empresarios afectados celebrada en Málaga, «asarán espetos de sardina y otros productos típicos en Madrid para que conozcan los valores de los chiringuitos que quieren destruir».
Crisis moral y, en cualquier caso, económica sin ningún género de dudas, ya que la demolición de estos locales asentados en la arena supondría el derribo de miles de puestos de trabajo y una sangría en el sector turístico, uno de los pocos puntales que quedan a un país en recesión.
El «bar Eduardo» fue la primera ficha del dominó en caer ayer por estar situado «en dominio público marítimo-terrestre», así que se decretó que era «ilegal» en base al artículo 31.2 de la Ley de Costas. El derribo conllevará la restitución ambiental de la zona de aparcamiento que se encuentra junto al establecimiento, de acuerdo a lo dictado por la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico.
Interpretación «fundamentalista» de la LeyLa orden de derribo llega quince días después de que la interpretación renovada de la Ley de Costas que lleva a cabo el Gobierno protagonizase un duro rifirrafe en la Cámara Baja, al que puso voz crítica la diputada malagueña Celia Villalobos, quien tildó la interpretación de la normativa de «fundamentalista». Esta norma de costas del Ministerio establece, entre otros requisitos, que la distancia mínima entre los restaurantes de playa sea de 200 metros, que cada negocio no ocupe más de 150 metros cuadrados y que todos estén fuera de la arena, con el fin de no molestar a los bañistas. Pero a más de uno de estos bañistas le puede molestar más tener que salir fuera de la arena y andar decenas de metros para disfrutar de la tradicional caña tras un chapuzón.
Villalobos espetó, enfadada, a la ministra del ramo, Elena Espinosa, que el Ejecutivo ha decidido «transmudar la Ley de Costas e interpretarla de forma diferente», pues muchos de los chiringuiteros hicieron obras de remodelación para poder ser legales a instancias de los ayuntamientos, con el apoyo de la Demarcación de Costas.
Los «chiringuiteros», en pie de guerraDerribada la primera piedra de esta nueva interpretación, que pone a los chiringuitos al borde del abismo, los empresarios de los establecimientos playeros se han puesto, como era de esperar, en pie de guerra. Están dispuestos, como señaló ayer su presidente en Granada, Francisco Trujillo, a Ep, a «montar el chiringuito» en la zona de Nuevos Ministerios de Madrid si en dos semanas la mesa de trabajo entre el sector y responsables de Medio Ambiente no resuelven este problema. Trujillo dijo que, tal y como se acordó en una reunión de todos los empresarios afectados celebrada en Málaga, «asarán espetos de sardina y otros productos típicos en Madrid para que conozcan los valores de los chiringuitos que quieren destruir».
Crisis moral y, en cualquier caso, económica sin ningún género de dudas, ya que la demolición de estos locales asentados en la arena supondría el derribo de miles de puestos de trabajo y una sangría en el sector turístico, uno de los pocos puntales que quedan a un país en recesión.