La revisión del pacto entre PSC, ERC e ICV vale más por lo que no dice que por lo que dice. Los partidos que dan apoyo al Gobierno catalán firmaron ayer un documento en el que ponen negro sobre blanco sus consabidas reclamaciones: nueva financiación, desarrollo estatutario y traspaso de la gestión de aeropuertos y Renfe. Pero lo que no aparece en el documento es que todas estas reclamaciones son el precio que pone el tripartito para ofrecer al presidente José Luis Rodríguez Zapatero un apoyo estable que le permita agotar la legislatura.

El tripartito ha aprovechado la debilidad del jefe del Ejecutivo para redoblar sus reivindicaciones en materia de autogobierno con el argumento de que la crisis económica y los retrasos en el cumplimiento del Estatuto hacía necesario actualizar el acuerdo programático de la «Entesa». El grado de exigencia fue manifestada con distinta intensidad por los firmantes del acuerdo. El más explícito fue el secretario general de ERC, Joan Ridao: «El Gobierno catalán le dice a Zapatero que, si cumple con Cataluña y abandona su hostilidad, tendrá la oportunidad, quizá la última, de tener un apoyo estable».

Firmeza

Algo más prudente, pero también contundente, fue el portavoz del PSC, Miquel Iceta, quien admitió que el documento «es exigente con el Gobierno español». Incluso aseguró que el Ejecutivo de José Montilla estaría dispuesto a plantarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera si no se logra un buen acuerdo de financiación.

«¿Es que alguien piensa que el Gobierno será menos firme en la defensa de sus intereses que lo que lo fueron los gobiernos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha cuando en 1996 votaron no a una propuesta que creían que no era conveniente ni adecuada?», preguntó Iceta. Por su parte, el secretario general de ICV, Joan Herrera, puso de manifiesto la necesidad de que la Generalitat revalide su compromiso de «voluntad y firmeza» ante un remodelado Gobierno que, a juicio del tripartito, no parece mostrar excesiva sensibilidad con Cataluña. Máxime cuando el nuevo vicepresidente de asuntos territoriales, Manuel Chaves, se ha propuesto garantizar la «cohesión territorial» y la igualdad entre todos los españoles.

En el acuerdo, el tripartito se compromete a liderar «una respuesta unitaria y clara» de todas las fuerzas políticas catalanas ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional contraria al Estatuto. Asimismo, exige al Gobierno que, antes de que acabe el año, se transfieran las competencias sobre becas, gestión aeroportuaria y servicios regionales de Renfe. También reclaman que la nueva normativa estatal sobre puertos no limite las actuales competencias de la Generalitat.

CiU y PP creen que el documento firmado por la «Entesa» es la «evidencia de un fracso» y acusaron a los miembros del tripartito de llevar a cabo «una nueva gesticulación» sin consecuencias.