César Antonio Molina fue llamado por Zapatero ocho meses antes de las pasadas elecciones generales para apagar los fuegos de la gestión de Carmen Calvo, su predecesora. La resolución de los robos de la Biblioteca Nacional y el primer apaciguamiento del mundo del cine, muy enfadado con la ministra, fueron sus primeros logros.

Además, Calvo le había dejado dos asuntos en marcha: el código de buenas prácticas para el nombramiento de directores de museos de arte contemporáneo y la respuesta al expolio de Odyssey. El primero dio como primer fruto la resolución de la grave crisis del Museo Reina Sofía con el nombramiento por concurso de Manuel Borja-Villel. Pero la voluntad de Molina de llevar las buenas prácticas a otras instancias se convirtió en un regalo envenenado, como demostró el caso de Duato y el guirigay de los relevos en las unidades del INAEM. El segundo sirvió a Molina para enarbolar la bandera de defensa del patrimonio sumergido con medidas dentro y fuera de nuestras fronteras.

La ambición de Molina por profesionalizar, y controlar, la gestión de la cultura en el exterior provocó su enfrentamiento con Leire Pajín y el roce con Exteriores que sembró su salida. El reciente enfado del mundo del cine por el retraso en la aplicación de la ley ha sido el detonante final. Para todo ministro de Zapatero los problemas con el séptimo arte son letales. Pero el balance de Molina es francamente positivo, aunque sus frutos no hayan podido madurar.