QUE no, que no, que no se van a arrepentir. Que no tienen un ápice de contrición. Que no piensan darse por enterados del mensaje. Mientras la sociedad civil clama para que los políticos saquen sus manos de las cajas de ahorros, la mayoría de ellos se limita a considerar lo de Castilla-La Mancha un accidente. Le echan la culpa del barquinazo a los rumores que desataron la silenciosa fuga de depósitos, y en todo caso a la imprudencia de Moltó por arriesgarse demasiado con un trío de empresarios amigos -suyos y de más gente-que estaban hasta el cuello con la crisis. Pero la clase dirigente no extrae conclusiones autocríticas sobre el papel teledirigido de las cajas, ni está dispuesta a reflexionar sobre una reforma profunda de su estructura directiva; nadie va a renunciar al juguete. Antes al contrario, a poco que la intervención de CCM salga medio bien, lo que puede cundir es la voluntad de nacionalizar incluso los bancos privados a base de compras parciales. No es un disparate; o sí, pero lleva tiempo rondando en las cabezas de ciertos gurús socialdemócratas con capacidad de ser escuchados en Moncloa.

Algún optimista podrá pensar que en la caída de la entidad manchega ha primado siquiera una vez la lógica financiera sobre la política; Braulio Medel se negó a «comerse el marrón» tras comprobar su abultado desfase patrimonial mediante una auditoría externa. Sí, pero no, o no sólo eso. No es tan sencillo. Al presidente de Unicaja le honra su reticencia profesional a tragarse una componenda inaceptable, pero la decisión final fue de Chaves y de su consejero de Economía, el inteligente ex ministro felipista José Antonio Griñán. Cuando apareció el agujero del balance, 3.000 millones de euros, medio billoncejo de pesetas, exigieron la inyección de dinero contante del Fondo de Garantía de Depósitos, a lo que el Banco de España no estaba dispuesto. Y entonces volcaron el pulgar hacia abajo. Fue una resolución política; Chaves conoce las dificultades patentes de otras cajas andaluzas y prefiere reservar la solidez de Unicaja para arreglar las previsibles turbulencias de su propio tejido financiero regional. La negativa iba contra el criterio gubernamental, pero en la España actual el Gobierno ya no tiene poder suficiente para doblegarle el pulso a un virrey autonómico. Y menos para tocarle «su» dinero. Porque lo consideran suyo.

Y lo considerarán mientras tengan capacidad para manejarlo. Mientras los grandes partidos nacionales no sean capaces de forjar un acuerdo transparente que reforme la ley de cajas para despolitizar sus consejos directivos y aislarlos de la tentación intervencionista. Mientras los poderosos barones de las autonomías continúen viendo en estas entidades una especie de bancos públicos a disposición de sus caprichos. Y mientras el aval del Estado otorgue la tranquilidad que proteja este mangoneo bajo el manto salvífico del interés del sistema.