Emisarios del Ejecutivo transmitieron a un significativo número de presos de ETA, no alineados con el sector «duro entre los duros», que una simple crítica de la actividad terrorista y, sobre todo, el compromiso de no seguir las directrices que marcan los cabecillas en el frente carcelario, sería recompensado con gestos, como un progresivo acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra.

El «mapa de la dispersión», que se extiende también a Francia, está siendo utilizado por el Gobierno como un tablero de juego, con piezas que maneja estratégicamente. Tras la ruptura de la «tregua», en junio de 2007, Interior detectó un creciente malestar en el «colectivo de presos políticos vascos». Y, como novedad a tener en cuenta, comprobó que la incipiente rebelión incluía también a ex dirigentes etarras, que reprochaban a la actual dirección el fracaso del «proceso de paz». A las voces discrepantes de los «Pakito», «Iñaki de Lemona», «Pedrito de Andoain, Urrusolo, «Makario», Guisasola, «Txelis», Pikabea o «Santi Potros», se unía ahora «Kantauri» y un grupo de etarras de «última generación», que desde A Lama se enfrentaban a «Txeroki» por haber dinamitado la tregua con los 200 kilos de la T-4.

Tres bloques

El Ejecutivo envió entonces emisarios a las cárceles para sondear a los presos y recabar información de primera mano acerca de esa creciente disidencia. Concluyeron que en esos momentos el «colectivo de presos políticos vascos» podía dividirse en tres bloques. El primero, estaría integrado por unos 150 reclusos clasificados como «duros entre los duros», con los que, hoy por hoy, resulta imposible el diálogo más banal. Por lo general, son etarras de última generación, que llevan poco tiempo en prisión. Un segundo grupo lo formarían alrededor de medio centenar de internos que en sus entornos más próximos ya han dado muestras de querer desmarcarse de la estrategia terrorista e incluso en algunos casos han recurrido a abogados profesionales, saltándose la férrea disciplina impuesta por Askatasuna.

El tercer bloque, sin duda el mayoritario, pero también el menos cohesionado, lo componen los algo más de 500 presos restantes. El denominador común en todos ellos es un progresivo cansancio ante el estancamiento de su situación y, también, del «conflicto armado». En resumen, el mensaje que vienen a transmitir a la dirección es que, «si habéis decidido romper la tregua, pues adelante —jarrai bietan— con todas las consecuencias, esto es, lanzar una ofensiva contra el Gobierno que le fuerce a claudicar. Pero, para hacer lo que estáis haciendo, “chapucillas”, mejor lo dejáis y se finiquita la lucha armada». Efectivamente, la creciente debilidad de ETA refuerza esta segunda opción que esgrime el bloque mayoritario.

Impulsar el debate

Es a estos más de 500 presos a quienes se dirige especialmente la actual estrategia que despliega el Gobierno en el «frente carcelario». Por una parte, se combate a la banda para debilitarla aún más y, por otra, se ofrece a estos reclusos la posibilidad de un progresivo acercamiento al País Vasco y Navarra si dan una vuelta de tuerca a su actual posicionamiento y pasan ya directamente a criticar la «lucha armada». Los emisarios del Gobierno ya han aclarado que ello no conlleva un arrepentimiento público sobre lo hecho en el pasado, ni tan siquiera un cuestionamiento de la actividad terrorista por razones éticas. Simplemente, que la desautoricen por ser estratégicamente inoportuna en la actual coyuntura. Eso sí, se exige compromiso de que no van a obedecer las pautas que marque la dirección en el «mako».

La estrategia gubernamental tiene dos vertientes. Por una parte, desde hace unos meses se está concentrando en la cárcel de Zuera a ex jefes etarras disidentes a fin de que, fruto de un debate no obstaculizado por los «duros», impulsen un nuevo documento en el que se cuestione la «lucha armada» para que sea distribuido entre el resto de presos etarras. Si hay resultado, centros penitenciarios como los de Burgos, Logroño o El Dueso podrían acoger en un futuro no lejano a más disidentes.

Por otra parte, otros ex cabecillas de peso, que están ahora en la línea de criticar el terrorismo, han sido enviados temporalmente a cárceles donde son mayoría los «duros» para abrir allí el debate.