El polvorín en que se había convertido la pugna por el poder en Caja Madrid ha terminado por estallar estrepitosamente. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que ha ordenado a la Abogacía del Estado que recurra ante el Tribunal Constitucional la polémica Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid por considerar que vulnera el principio de «proporcionalidad» que fija la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).

Esta decisión, que en absoluto es ajena a la polémica dentro del propio Partido Socialista, ha sido escudada por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, en un informe solicitado al Consejo de Estado, pues, asegura que ofrece «fundamentos jurídicos suficientes» como para poner en marcha el recurso y «a partir de ahí es muy difícil no actuar».

Desde el punto de vista jurídico, y a falta de conocer los detalles del recurso -que será presentado el lunes- la iniciativa tiene principalmente una consecuencia de calado para la caja: la suspensión durante un máximo de cinco meses de la nueva Ley, lo que da un valioso margen al presidente de la entidad, Miguel Blesa, para poner en marcha el proceso electoral en arreglo a la antigua ley (que facilita su renovación en el cargo).

Paralelamente, el pleno del Constitucional deberá resolver sobre si la ley vulnera o no la Constitución, lo que, según fuentes judiciales, podría retrasarse durante años. Por ello, la clave también gira sobre la renovación o no de las medidas cautelares que suspenden la efectividad de la ley una vez finalice el plazo.

En este sentido, las versiones de los dos bandos vuelven a enfrentarse. Los contrarios a la ley aseguran que, puesto que levantar la supensión del texto podría generar conflictos de difícil solución en caso de que la ley finalmente fuera declarada inconstitucional -no hay que olvidar que Caja Madrid se encuentra sumida en un proceso electoral cuyo resutado depende en gran medida de la ley que finalmente se le aplique-, lo más probable es que permanezca sin efecto hasta la resolución del Tribunal. Los defensores de la nueva ley, sin embargo, argumentan que el recurso del Gobierno afectará únicamente a una parte de la ley y que, por lo tanto, el proceso electoral podría seguir su curso, sin conocerse la resolución sobre ese apartado.

El portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso, Cristóbal Montoro, no ha vacilado al criticar con dureza la decisión del Gobierno, que ha calificado de «una injerencia inaceptable», realizada, además, «sin consultar al principal partido de la oposición». Lo que choca directamente con la satisfacción del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que cree que «el Constitucional dará la razón a los argumentos que hemos defendido y que hoy el Gobierno ha hecho suyos» -cabe recordar que el Consistorio también presentó un recurso contra ley-.

Y es que, desde el punto de vista político, la interposición del recurso también tiene unas consecuencias mayúsculas. Y para ambos partidos. Desde la óptica del Partido Socialista madrileño -que ha sido, a través de su secretario general, Tomás Gómez, el defensor en la sombra de la Ley de Cajas y la principal baza de Esperaza Aguirre a la hora de encontrar una salida pactada a esta guerra- el recurso supone un desaire evidente por parte de Ferraz y una dura desaprobación a la estrategia fijada por el partido regional en todo este conflicto.

Para el Partido Popular, en cambio, representa un nuevo frente a defender, en la estrategia articulada por el Gobierno de hacer a la oposición responsable a partes iguales de la crisis financiera y económica del país. Ya no se trata, pues, de una pugna a nivel regional, sino que, con la intervención del Gobierno, la batalla se eleva ya a la categoría nacional y se engloba dentro de una estrategia para desviar la atención. De hecho, no parece casualidad que el anuncio del recurso se produzca sólo dos días después del duro enfrentamiento entre Zapatero y Rajoy en el Congreso, en el que el presidente del Gobierno reprochó al de la oposición la «grave» situación de la caja e, incluso, le tendió su mano para ayudarle a «poner orden».

En cualquier caso, las alianzas que ha forjado este enfrentamiento -Aguirre y Gómez frente a Zapatero y Gallardón- reflejan a la perfección que en política, hay unos extraños compañeros de viaje.