ESTAMOS pasando casi de puntillas por un hecho que, en otras circunstancias, habría levantado una oleada de protestas, más allá de los correspondientes debates parlamentarios. Hace unos días la Generalitat recibió 4.000 millones de euros para acometer el plan de cercanías de Barcelona y el gobierno de Zapatero incrementaba en 800 los millones de euros para mejorar las inversiones en Cataluña, mientras que aquí seguimos instalados en el viejo debate de esa deuda llamada histórica. Tan vieja como el Estatuto de Carmona que, en su adicional segunda, decía que el gobierno central compensaría a Andalucía por traspasarle unas competencias en servicios básicos muy por debajo de la media de España. Casi treinta años después sigue pendiente su pago, incluso un consejero tan serio como Griñán llegó a afirmar que ya no era necesario reclamarla porque había que considerarla pagada. Evidentemente lo hizo cuando tocaba exigírsela al gobierno de Zapatero.

La impagada deuda se volvió a plasmar en el nuevo Estatuto, pero con expresión menos reivindicativa y la exigencia de su pago quedó ligada a su cuantificación. Surgieron discrepancias porque para la Junta la cifra era, hace un año, 1.724 millones de euros, pero Zapatero se mostraba cicatero y ofrecía 1.148 millones, un tercio menos. La vieja cuestión, ya muy devaluada en cuanto a la exigencia de su volumen, se había convertido en un asunto de almoneda.

Días pasados Zarrías afirmaba que se ha hecho la luz, que ya está todo resuelto. La luz era que el gobierno andaluz ha aceptado prácticamente lo ofrecido por Zapatero. Ya está cuantifica la deuda: 1.204 millones y su pago queda vinculado a la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Un asunto que nada tiene que ver con la deuda histórica, salvo que, una vez más, se quiera marear la perdiz.

La deuda histórica compete exclusivamente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, como ocurre con el caso de Cataluña, donde Gobierno y Generalitat ha negociado mejoras sustanciales en la financiación de sus infraestructuras mas allá del nuevo modelo de financiación autonómica. Allí se ha acordado el pago de los 4.000 los millones de euros comentados y además Zapatero, cicatero con Andalucía, se muestra generoso y añade una propina de 800 millones más para mejorar las infraestructuras catalanas. Sin deuda histórica Cataluña ha conseguido un monto de euros que deja en mantillas lo que aquí se lleva reclamando tanto tiempo. Echen cuentas y comparen las cifras, las conclusiones resultan apabullantes.

Lo peor de todo es que, casi 30 años después de que se aprobase aquel Estatuto, donde se señalaba la inferioridad de Andalucía respecto a la media de España la situación sigue siendo comparativamente la misma de entonces. Seis de nuestras ocho provincias ocupan los últimos lugares de España en renta per cápita. Tenemos más fracaso escolar que la media de España. Nuestros alumnos se encuentran entre los de peor nivel de preparación, según el informe Pisa. Las cifras de paro en Andalucía duplican las de España y así sucesivamente.

Desde las instancias oficiales se expone con todo lujo de detalles el progreso de este cuarto de siglo. Es cierto que Andalucía ha progresado. ¡Estaría bueno que no lo hubiese hecho! Pero la clave de la cuestión está en que otros también lo han hecho y el resultado es que las diferencias permanecen. Ese era el reto que tenía que subsanar el contenido de la adicional segunda del Estatuto de Carmona. A estas alturas de ese viejo debate la pregunta es:

¿Piensa el gobierno andaluz hacer frente a la situación de inferioridad con esa cifra, cuatro veces más baja, que lo recibido por Cataluña sólo en este año?