LA concentración ante el Congreso de los Diputados y la entrega de un documento a los portavoces de los grupos parlamentarios fueron ayer los actos más significativos en la protesta de los trabajadores autónomos en defensa de sus justas reivindicaciones. Los datos de la crisis en este sector, que representa el 25 por ciento del PIB, son concluyentes: cada día desaparecen en España unos 1.000 autónomos, con la lógica destrucción de empleo. La deuda de los ayuntamientos con este colectivo asciende a 5.300 millones de euros; en fin, su pensión media es un cuarenta por ciento inferior a la que perciben los trabajadores del régimen general. Hay otras peticiones muy razonables, para evitar discriminaciones a la hora de cobrar la baja por enfermedad o para regular la inclusión en el seguro de paro, diferida todavía durante varios años. Este colectivo de unos tres millones de personas se queja de la falta de acceso al crédito, de una fiscalidad asfixiante, del peso excesivo de las cotizaciones sociales y del incremento notable de la morosidad.

El Ejecutivo tiene que dar una respuesta concreta y eficaz a estas demandas más allá de los compromisos difusos y de las promesas poco creíbles a la vista de los precedentes. Las organizaciones de autónomos, las pymes, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y otros sectores que se sumaron a la protesta de ayer representan a la economía real y son fiel reflejo de las preocupaciones auténticas de los ciudadanos. Es lamentable que se les sitúe en tierra de nadie, considerados socialmente como empresarios a pesar de que los medios son muy limitados y desatendidos por los sindicatos en sus relaciones con las administraciones públicas. Es muy importante para nuestro tejido productivo encauzar la actividad de estos amplios grupos sociales que por fin parecen haber encontrado las vías necesarias para hacer oír su voz en el espacio público.

ABC ha venido informando ampliamente del movimiento de apoyo a los autónomos en el que han tenido un protagonismo notable la campaña desarrollada en el programa «De costa a costa» de Punto Radio y las adhesiones recibidas por la página web creada con este fin. Parece que muchos ciudadanos están reaccionando en defensa de este conjunto esforzado de emprendedores que crean empleo y prestan servicios en ámbitos muy diferentes de la economía sin obtener a cambio el reconocimiento que merecen. Muchos políticos utilizan una retórica vacía en favor de la sociedad civil pero, a la hora de la verdad, ignoran a los grupos que tienen más dificultades para que sus planteamientos sean conocidos por la opinión pública. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, debería tomar buena nota de estas reivindicaciones y agilizar un proceso de negociación que no se puede retrasar por más tiempo sin un grave daño social y económico. También la oposición tendría que ser sensible ante estos datos irrefutables y plantear alternativas solventes por medio de iniciativas parlamentarias. La democracia mediática de nuestro tiempo exige que los problemas se hagan visibles para tomar conciencia de ellos. Con la concentración de ayer y la campaña de las últimas semanas, los partidos ya saben que no pueden ignorar estas reivindicaciones legítimas.