Un cargo de Trillo niega que alguien planteara no enterrar los cuerpos de las víctimas del Yak-42 sin identificar

El jefe de gabinete de Defensa contradice así lo declarado por el general Félix Sanz Roldán, jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), quien ha revelado que el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Luis Alejandre, le dijo un año después del siniestro que los mandos militares hicieron esa propuesta a Defensa en una reunión presidida por Trillo un día antes del funeral de Estado, celebrado el 28 de mayo de 2003 en la base de Torrejón.

"No recuerdo absolutamente nada de eso. Yo no le oí decir eso", ha sostenido Bretón, que ha relatado que tras regresar de Turquía el 27 de mayo, celebraron un consejo de Dirección donde "se tomaron las primeras decisiones sobre la necesidad de llevar a cabo un funeral de Estado y se concretó cómo debía hacerse". Tras su interrogatorio, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, a instancias de la defensa del general Vicente Navarro, ha ordenado citar a Alejandre para que declare el próximo 31 de marzo.

El ex jefe de gabinete de Trillo ha precisado que la fecha para celebrar el funeral "quedó fijada pero la hora no" en dicha reunión, aunque ha subrayado que "había que hacerlo cuanto antes, pero cuando llegaran los cuerpos". Bretón ha señalado que no sabe si la fecha elegida para oficiar el funeral se comunicó al equipo médico desplazado en Turquía y ha añadido que él no contactó ni con Navarro ni con el general José Antonio Beltrán, encargado de coordinar la operación de recuperación de los fallecidos.

Unas declaraciones que chocan frontalmente con las efectuadas por Sanz Roldán, que ha indicado en su comparecencia como testigo que al tercer día de su función como JEMAD, el 29 de junio de 2004, el entonces ministro de Defensa, José Bono, le encargó que visitara a Alejandre para hacerle una serie de preguntas sobre la catástrofe aérea que éste consideraba "de interés".

En ese encuentro, Alejandre le contó que entre el día del accidente (26 de mayo de 2003) y el de los Funerales de Estado (28 de mayo de 2003) se celebró una reunión en una sala anexa al despacho del entonces ministro Federico Trillo en la que éste trasladó que "había recibido noticia de que no todos los cuerpos estaban identificados" y había propuesto que las víctimas reconocidas "se entregaran a los familiares" y el resto se trasladara a un centro funerario para "su identificación posterior".

El máximo responsable de la cúpula militar, que testificó a petición de las acusaciones particulares, no pudo concretar si Alejandre trasladó esta información en una reunión de la Junta del Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa. De igual modo, ha asegurado desconocer que el comandante Ruiz de los Paños alertara a la Asesoría Jurídica del Ministerio sobre los errores en las identificaciones, como testificó ayer .

Sanz Roldán, que era general de División cuando se produjo el accidente, explicó que realizó una indagación "a iniciativa propia" en el Ministerio después de "recibir noticias" sobre posibles errores en la identificación, pero no una "investigación formal" en sentido estricto porque "no era su responsabilidad más de un año después" de la catástrofe.

Por ello, ni siquiera llegó a entrevistarse con el general de Sanidad Vicente Navarro, principal acusado en el juicio, ni con el coordinador de los trabajos de repatriación de los cadáveres, el teniente general Beltrán. Lo que sí hizo fue llamar a "todas y cada una de las familias cuyos deudos no habían sido correctamente identificados" para facilitarles esta información.

La Fiscalía pide al tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que condene a cinco años de prisión al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a cuatro años y medio a los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les acusa de un delito de falsedad en documento oficial.