Miércoles, 25-03-09
Francia ha dado un salto cualitativo -jurídico, político y moral- en los mecanismos nacionales de modernización de su arsenal nuclear estratégico, al anunciar ayer que indemnizará económicamente a las víctimas de su programa atómico-militar en Argelia y la Polinesia.
Entre 1960 y 1996, la formación y el desarrollo del arsenal de la tercera potencia atómica mundial, con unas 300 cabezas nucleares operativas, reposaba en la experimentación militar permanente, realizada en pruebas atmosféricas primero, y en explosiones subterráneas más tarde, en Argelia y en los atolones polinesios de Mururoa y Fangataufa.
Del año 1960 a 1966, durante la sangrienta guerra de la independencia de Argelia (1954- 1962), e incluso después de independizado el país magrebí, Francia realizó en sus bases militares del Sahara -en Reggane y Ekker, al norte de Tamanrasset- 17 ensayos nucleares. Militares, trabajadores, técnicos, incluso nómadas tuaregs, asistieron sin protección a varios de los experimentos. Y un número desconocido de personas murieron, sufrieron lesiones graves o fueron afectadas por diversas enfermedades asociadas a las radiaciones.
Silenciar el drama
Hasta 1996, Francia prosiguió la modernización de su arsenal nuclear estratégico con otras 193 explosiones experimentales, realizadas desde 1966 en la Polinesia francesa, donde otro número impreciso de civiles, técnicos y militares fueron víctimas de enfermedades oncológicas por la contaminación radiactiva.
Todavía en 1995, el presidente Jacques Chirac anunció con gran aparato el relanzamiento de los experimentos nucleares franceses. Un año más tarde, el mismo Chirac hacía pública la firma francesa del «Comprehensive Test Ban Treaty» y, poco más tarde, confirmaba que Francia había renunciado a la realización de ensayos nucleares experimentales al aire libre. Comenzaba entonces una revisión del proceso de modernización nacional del parque nuclear estratégico, que ayer tomó un nuevo rumbo.
Durante varias décadas, sucesivos gobiernos de izquierda (Mitterrand) y derecha (Pompidou, Giscard, Chirac) intentaron silenciar el drama humano de las víctimas francesas, argelinas y polinesias de la experimentación nuclear. Existe desde el año 2002 una «Association des vétérans des essais nucléaires» que comenzó por presentar una querella judicial contra «X» por homicidio involuntario y puesta en peligro de vidas humanas. Un año más tarde, un tribunal militar concedió por vez primera una pensión por invalidez a un veterano víctima de las explosiones en el Sahara argelino.
Tras su llegada al poder, Nicolas Sarkozy confirmó que el arsenal nuclear estratégico sigue siendo la piedra angular de todo el sistema nacional de defensa. La plena incorporación de Francia a la organización militar integrada de la OTAN, esta primavera, apuntala esa pieza capital del sistema de seguridad transatlántico, y obliga a París a su modernización y adaptación permanente.
Tras el abandono de los ensayos nucleares atmosféricos y subterráneos, desde 1996, Francia prosigue su experimentación atómica en el corazón de un punto también «estratégico» de la geografía nacional, en la Champagne, la región cuna de un producto no menos capital de la cultura francesa.
Tercera potencia atómica
La modernización del arsenal de la tercera potencia atómica mundial se realiza desde hace años en el polígono de experimentación militar de Moronvilliers-Pontfaverger (Marne). Las antiguas explosiones nucleares han sido sustituidas por un sistema de «simulación informática» de explosiones y «batallas» nucleares, que se realizan en la misma geografía donde se producen los más legendarios «champagnes».
Sin embargo, las huellas dramáticas de las posibles víctimas del programa de modernización del arsenal atómico eran un lastre político y moral importante. Unas 150.000 personas -militares y civiles- trabajaron en esa modernización, en Argelia y en la Polinesia. Un número impreciso de tales participantes en esos programas fueron víctimas de diversas enfermedades. Apoyado por el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, el ministro de Defensa, Hervé Morin, anunció ayer un proyecto de Ley que permitirá indemnizar a las víctimas -cuyo número todavía se desconoce- con una partida presupuestaria de 10 millones de euros.
