Martes, 17-03-09
Un matrimonio inglés ha abierto el camino que podría desembocar en una batería de denuncias dirigidas por más de veinte mil residentes británicos para reclamar al Gobierno español hasta 300 millones de euros. Son ciudadanos que se vieron obligados a pagar a Hacienda un 35 por ciento de las plusvalías obtenidas por la venta de propiedades que tenían en España, frente al 15 por ciento que abonan los españoles por el mismo concepto, lo que supone un trato «discriminatorio» prohibido por el Tratado de la Unión Europea.
Así lo ha reconocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana fechada el 8 de enero de 2009, muy clara al respecto y que sienta un precedente capaz de hacer temblar las arcas públicas.
El fallo califica de discriminatoria la antigua legislación española -modificada en diciembre de 2006-, según fuentes del despacho de abogados Costa, Álvarez, Manglano y Asociados, que ha tramitado la primera denuncia de estas características en España y que ha abierto una web en inglés para informar a los posibles perjudicados y a sus asesores fiscales y representantes legales sobre la posibilidad de reclamar al Estado parte de los impuestos que pagaron en su día.
Se trata de un proceso legal sin precedentes, según Emilio Álvarez Arjona, socio- director del despacho Costa, Álvarez, Manglano y Asociados, con sede en Valencia, que lleva más de dos años tramitando esta demanda y que ya cuenta con cientos de clientes en las distintas etapas del proceso de reclamación.
La noticia ha sido resaltada por los principales medios de comunicación británicos, entre los que este caso ha cobrado especial relevancia, así como en diversas publicaciones europeas. Aproximadamente el 50 por ciento de los cerca de 20.000 extranjeros que se han podido ver afectados y que pueden tener derecho a reclamar son originarios de las Islas.
Medios como «Financial Times», «Daily Mail» o la BBC destacan que la decisión del TSJ ha «abierto el camino para que miles de ciudadanos el Reino Unido reclamen los impuestos de más que pagaron cuando vendieron sus propiedades».
15.400 euros de media
Los extranjeros que pueden verse resarcidos por esta sentencia son ciudadanos no residentes en España que vendieron sus propiedades entre mediados de 2004 y el 31 de diciembre de 2006. Este precedente legal les permite reclamar la plusvalía «extra» que pagaron en su momento, y que supone unos 15.400 euros de media.
A pesar de que los afectados son muchos más, sólo tendrán respaldo legal aquellos que vendieron sus propiedades después del año 2004, dada prescripción consumada para los casos registrados antes de esta fecha.
Cambios en la Ley
En diciembre de 2006, debido a las presiones ejercidas por la Comisión Europea a las autoridades Españolas, el Congreso modificó la ley y el impuesto fue equiparado para ciudadanos españoles y extranjeros, por lo que dejó de ser discriminatorio.
El litoral de la Comunidad es, junto con la Costa del Sol, Tarragona, Girona y Baleares, uno de los lugares de preferencia par los ciudadanos europeos que deciden adquirir una vivienda en España.
En este sentido, el 65 por ciento de los británicos eligen España como destino para adquirir una segunda residencia. Asimismo, los estudios revelan que ya no son sólo jubilados los que deciden pasar sus últimos años aprovechando el buen tiempo de la costa española, sino también «jóvenes de menos de 40 años que quieren empezar una nueva vida con su familia» y deciden hacerlo en un país distinto del suyo.