La ley Zapatero para internet

«Lista de vigilancia»

Es precisamente a principios de ese mismo año, 2010, cuando España -que asumirá entonces la presidencia de la Unión Europea- espera tener su propia legislación para paliar esta práctica que ha puesto a nuestro país en el punto de mira. Si el año pasado Estados Unidos ya la incluyó en la «lista de vigilancia» por piratería online, este mismo año la International Intellectual Property Alliance (IIPA) ha acusado al gobierno español de no tomar medidas contra ella. «Los niveles de piratería en internet en España siguen empeorando, puesto que muchas de las industrias del «copyright» creen que el país tiene mayor problema de piratería per cápita de Europa y uno de los peores ratios de piratería en la red del mundo», afirma un informe en el que responsabiliza al ejecutivo español de esta situación por despenalizar el intercambio de archivos P2P».

El mismo texto recoge algunas cifras, como que en 2008 se descargaron de manera ilegal dos millones de canciones, frente a la venta legal de 2,2 millones de archivos; o de que un 67 por ciento de los internautas españoles afirman descargarse contenidos de manera ilegal, cifra que sube al 81 por ciento cuando la edad baja de los 24 años. Asimismo, lanza una recomendación al gobierno de Zapatero: retirar la circular de la Fiscalía de 2006 que despenaliza el P2P, así como reforzar el personal del Ministerio de Industria para que investigue estas conductas, y las divisiones tecnológicas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. A lo que añade la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los proveedores de servicios de internet (ISP) y los dueños de los contenidos, «para prevenir infracciones». Este esfuerzo, continúa el informe, debería incluir la «implementación de medidas de respuestas gradual como sanciones a los usuarios que abusen de sus cuentas de ISP». Este liderazgo en piratería ha provocado la huida de inversiones y empresas multinaciones que ven peligrar su cuenta de resultados, lo que convierte a España en un país menos competitivo. Esto mismo afecta a la exportación y la implantación de la industria cultural de nuestro país, restándole poder económico.

Por eso en España hace tiempo que las partes más afectadas se han sentado a la mesa para negociar con las operadoras. Dese hace meses se está trabajando en un documento que debería estar consensuado antes del verano, texto que posteriormente servirá de base para que el Ministerio de Cultura, y otros ministerios como el de Industria, se ponga manos a la obra para diseñar una ley que disuada a los piratas y que respalde la supervisión de la circulación y las descargas de contenidos en la red. Las operadoras, que son las que tienen acceso a dicha información, no están dispuestas a dar un paso sin salvoconducto. Una medida que el propio ministro de Cultura calificó el pasado mes de diciembre como «impopular». Quizá por eso, y porque aún supuran algunas heridas tras la aprobación del canon digital, la negociación se está llevando con pies de plomo y parece ser que tampoco se va a llegar a una medida tan drástica como la francesa, inclinándose más por una disminución de la velocidad de la banda ancha -ya de por sí es una de las más bajas de Europa- como medida de represión, aunque es algo que todavía está por decidir.

Un borrador en invierno

El primer paso ha consistido en sentar a la misma mesa de negociación a la asociación Redtel, que es el representante de las principales operadoras -Telefónica, Ono, Orange-Ya.com y Vodafone-Tele2)-, que controlan el 90 por ciento de los 9 millones de banda ancha que hay en España, las entidades de gestión -SGAE, Egeda, Promusicae-, los fabricantes de software y la industria discográfica. Todas los implicados han suscrito un pacto de silencio para que no se filtre ninguna información hasta que se haya llegado a un acuerdo. En verano debería ser presentado un informe, aunque al parecer la negociación va algo más lenta de lo previsto. Éste iría dirigido a Cultura que junto a otros ministerios como el de Industria realizarían el borrador de una ley antes de que concluyera el año, para poder discutirlo a principios de 2010.

Desde el lado de los usuarios no se ha hecho esperar la respuesta y denuncian la vulneración de los derechos a la intimidad y a la privacidad si las operadoras terminan facilitando información sobre sus clientes. El debate sobre la ley Zapatero está en la mesa.