Asignatura pendiente

EN la política posmoderna, que no se basa en la realidad sino en su reflejo, los problemas se resuelven a través de la estadística, donde el Estado dispone de una capacidad de intervención fulminante e inmediata. Así, cuando el paro crece más de lo aconsejable se pueden maquillar o moldear los datos del recuento, descontando a los desempleados que se apuntan a cursos de formación o a los inmigrantes que pierden la tarjeta de residencia por quedarse sin trabajo. Este procedimiento, al que los tecnócratas llaman «ajuste», es mucho más rápido y eficaz que cualquier actuación sobre el curso de la economía, que requiere tiempo, tino y coraje político sin ofrecer siquiera garantías de éxito urgente. Del mismo modo, si se dispara el fracaso escolar lo conveniente es operar sobre las cifras globales para reducir su impacto, en vez de diseñar planes y métodos pedagógicos de engorrosa aplicación y tardío efecto. Las medidas de política convencional resultan una antigualla y una pérdida de tiempo mientras se pueda intervenir sobre registros, guarismos, censos y demás cuadros de representación virtual o genérica.

Esto es exactamente lo que ha hecho el Ministerio de Educación respecto a la alta tasa de suspensos en el Bachillerato, al modificar a la baja y por decreto los requisitos para repetir curso establecidos en la ya laxa ley vigente. Pero ha tropezado con los ropones del Supremo, gente chapada a la antigua que no entiende las virtudes de la ingeniería estadística y ha sentenciado según las reglas de toda la vida. Si la ley dice que con más de dos asignaturas hay que repetir, se repite y no valen cursos puente ni trucos del almendruco. Los magistrados no han entrado, ni es función suya hacerlo, en el problema de fondo, que es el de una planificación educativa desquiciada; ni se han pronunciado sobre la ausencia de rigor, mérito y jerarquía que caracteriza nuestro sistema docente. Es probable que todo ello haya estado de algún modo presente en su criterio, pero se han limitado a aplicar la doctrina elemental de que las leyes están por encima de los decretos. Con tan sencillo discernimiento dan que pensar si no estaría mejor la enseñanza en manos de los tribunales que de unos burócratas capaces de hacerse trampas en el solitario.

Claro que existe una vía alternativa para enfrentarse al fracaso escolar burlando a los jueces y sin tener que acometer reformas estructurales: subvencionar -¡con hasta 6.000 euros!- a los estudiantes para que no dejen de serlo. La ha descubierto, cómo no, la benemérita Junta de Andalucía, sin duda la institución española más experta en mecanismos subsidiarios. Bofetadas puede haber para seguir en el colegio. Este Chaves es una lumbrera capaz de inventar el PER de la escuela: con veinte años en el poder, en materia de repetir cursos -con o sin asignaturas pendientes- podría impartir un máster de permanencia.