Percibió un sueldo durante su licencia de estudios en Nueva York mientras mantenía su salario de magistrado
El Supremo afirma que Garzón «ocultó» al CGPJ unos ingresos de 160.000 dólares
El juez Baltasar Garzón podría ser sancionado por una falta muy grave si se demuestra que ocultó información al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando en diciembre de 2004 pidió al órgano de gobierno de los jueces autorización para ausentarse de su juzgado entre marzo y diciembre de 2005 por una licencia de estudios en Nueva York.
Ni en su solicitud original ni en la prórroga de la misma (hasta junio de 2006) el juez comunicó al Consejo «la percepción de sueldo a través de nómina», y se limitó a hacer referencia a «sufragios de gastos». Por el primer concepto, el que no habría declarado, Garzón percibió 160.333 dólares (hoy 126.000 euros); por el segundo, 42.802 dólares, de los cuales la mitad sufragaba sus gastos en la ciudad norteamericana y la otra mitad la escolarización de su hija. Así lo asegura la Sala Penal del Tribunal Supremo en un auto en el que inadmite a trámite la querella presentada por el abogado Antonio Panea contra Garzón por los delitos de cohecho y prevaricación en relación con la estancia del juez en Nueva York.
Sin relevancia penal
El letrado apuntaba una relación causa-efecto entre el dinero que Garzón cobró, según el querellante, del Grupo Santander, por organizar conferencias en la Universidad neoyorkina y la inadmisión de una querella presentada contra Emilio Botín (presidente del grupo) nada más aterrizar en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras su estancia en aquella ciudad.
Aunque el Tribunal Supremo sostiene que los hechos denunciados por el abogado Panea carecen de relevancia penal -no aprecia ninguno de los dos delitos citados-, sí deduce testimonio de su resolución para que sea el CGPJ el que estudie la documentación «a los efectos que estime pertinentes». Y es que, al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el magistrado podría haber cometido una infracción disciplinaria.
El artículo 417.11 de la LOPJ sanciona como falta muy grave «faltar a la verdad» en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas. Esta infracción se castiga con suspensión, traslado forzoso o separación.
«No consta que el Consejo General del Poder Judicial tuviese en ningún momento conocimiento de que la actividad de docencia e investigación fuese a ser retribuida en concepto de sueldo mediante nómina», señala el ponente de esta causa especial. El magistrado Luciano Varela recuerda que en su inicial instancia, de 22 de diciembre de 2004, Garzón se limita a señalar que «no existe cantidad alguna acordada con la New York University sobre remuneración específica» y añadía que estaba gestionando con ella que «cubra los gastos de desplazamiento, vivienda, y mantenimiento personal y familiar durante el periodo mencionado».
«Visitante distinguido»
En efecto, el juez fue invitado en calidad de «visitante distinguido» por el centro Juan Carlos I de España y por el Centro de Derecho y Seguridad. Mientras el primero asumió el pago de gastos de viaje (21.152 dólares) y la escolarización de la hija de Garzón (21.650 dólares), el segundo «satisfizo al querellado la cantidad de 160.333 dólares en concepto de sueldo». Se da la circunstancia de que la «licencia de estudios relacionados con la Administración de Justicia» da derecho al «pleno devengo de la totalidad de retribuciones como juez», siempre y cuando se aporte al final «memoria suficiente sobre la actividad desarrollada». El 11 de julio de 2006, el CGPJ tuvo por presentada la memoria justificativa de la licencia y su prórroga y dio luz verde al cobro a los efectos del artículo 373.3 de la LOPJ. Es decir, el interesado «no habría de sufrir limitación alguna de sus haberes como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 durante el tiempo que disfrutó de la licencia.
Propuesta de archivo
La Comisión Disciplinaria del CGPJ tenía previsto estudiar hoy la información previa abierta tras la denuncia de Panea, quien también puso los hechos en conocimiento del Consejo. El Servicio de Inspección había abogado por el archivo, aunque sin tener conocimiento del auto del Supremo. Inspección también ha propuesto el archivo de la información abierta a Garzón por la cacería que compartió con Bermejo. Su actuación, dice, no puede subsumir en ninguna falta disciplinaria.

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