«El Gobierno debe hacer pública su hoja de ruta para salir de la crisis»

¿Cómo ve a España?

Tras una década de «boom» económico, el país está afectado por una corrección muy severa. Su reflejo más dramático es el aumento de la tasa de paro, que es el más rápido ya no solamente de Europa, sino de toda la OCDE. Ha crecido seis puntos en un solo año. Sin duda, es el indicador más preocupante de las debilidades de la economía española. Evidentemente, el ajuste requiere medidas fuertes, como las que se han tomado en política fiscal (donde de un superávit del 2% se va a pasar a un déficit de en torno al 6%), pero también hace falta poner en marcha un conjunto de reformas estructurales.

¿Para el mercado de trabajo?

Sí, pero no sólo. El mejor indicador del origen de los problemas de la economía española, y que hace de ella una situación muy peculiar, es la competitividad. En lo que se refiere al coste laboral, durante los ultimos diez años, España ha perdido un 14% de competitividad con respecto a la Eurozona y en torno a un 26% con respecto a Alemania. Es muy importante tener esto en cuenta porque España ya no es un país barato.

¿La política salarial española resta competitividad?

Cuando uno compara el crecimiento salarial con la competitividad se da cuenta de que la pérdida de competitividad tiene dos orígenes. El primero, la evolución de los salarios, que tiene poca relación con la productividad y con el nivel de paro sectorial. Y el segundo, que hay estructuras en el mercado laboral que no facilitan el ajuste, así como problemas de cualificación de la mano de obra y de movilidad.

¿En qué sentido?

Por chocante que parezca en una situación como la actual, los últimos datos disponibles de crecimiento salarial por empleado todavía indican que el coste laboral está creciendo significativamente por encima de la media europea. Es decir, que los que mantienen su empleo ven crecer su salario por encima del conjunto, mientras miles de personas lo están perdiendo.

¿A qué se debe?

Eso tiene que ver con los esquemas de indiciación salarial y con la poca flexibilidad de los sueldos para adaptarse a las condiciones sectoriales. Por eso, es evidente que el mercado laboral necesita reformas. Pero, repito, no sólo el mercado laboral. El de productos y servicios también debe ser objeto de la atención del Gobierno. Articular la distribución comercial, por ejemplo, sigue siendo un reto... Hay márgenes que hacen más caros los productos y servicios por falta de competencia, también las industrias de red, las comunicaciones, la energía... Hay una serie de retos que yo creo que competen al Gobierno español y que debe considerar seriamente porque de ellos depende la salida pujante de la crisis.

¿Y merece la pena endeudarse tanto para capear la crisis?

En este sentido, es necesario hacer dos consideraciones. Primero, España comenzó la crisis en una situación fiscal envidiable, con un superávit superior al 2% del PIB. Esto le ha permitido hacer frente al primer choque con cierta holgura. Pero, y éste es el segundo apunte, la profundidad y severidad de la corrección están exigiendo del Gobierno una acción más decidida.

¿A base de más deuda?

La deuda ha crecido, en parte, por los estabilizadores automáticos, que es el déficit que se crea de forma autónoma —porque baja la recaudación de los impuestos y suben los gastos por subsidios de paro— pero, además, porque el Gobierno ha decidido que es necesario poner en marcha un paquete adicional de medidas por valor de unos 20.000 ó 30.000 millones. Esto, en principio, es adecuado siempre que las medidas sean temporales y estén dirigidas a sectores que aumenten la productividad y se hayan adoptado a tiempo y rápidamente. Ahora, la clave para que estas medidas tengan eficacia es que el Gobierno tenga una estrategia de salida, de vuelta a una situación presupuestaria relativamente equilibrada y sostenible.

De no ser así...

La deuda pública seguirá aumentando y la posición de la economía española para financiarse en el exterior será más difícil. Pero, aún hay un aspecto más: el plan de salida debe ser comunicado, debe ser público para que los inversores internacionales lleguen a la conclusión de que la situación de las finanzas públicas es sostenible.

¿Hay un techo para la deuda?

No creo que podamos fijarnos en una cifra categórica. Todo depende, como decía, de la temporalidad del plan. Y no hay que olvidar que España sigue teniendo un nivel de deuda inferior a la media de la Unión Europea. Todavía nos queda cierto recorrido.

El sistema financiero español, ¿está sano?

En materia de supervisión, en España sólo hay un interlocutor autorizado para hablar, que es el Banco de España. De hecho, es uno de los supervisores más respetados del mundo, no solamente porque ha ejercido sus competencias con celo y regularidad —y esto explica por qué el sistema financiero español no ha estado mezclado en el «subprime»— pero, además, porque decidió, contra algunas opiniones, introducir medidas prudenciales, que han servido de colchón a las entidades financieras para hacer frente, al menos, a la primera oleada de morosidad.

¿Cómo va a afectarles la mora en el futuro?

La morosidad es uno de los problemas importantes a superar, pero no el único.

¿Cuáles son los otros?

No cabe excluir un posible exceso de capacidad. Hay dudas sobre si el sistema financiero español está sobredimensionado. Y no sería raro, dado que en los últimos diez años el endeudamiento de las familias y las empresas se ha multiplicado por dos en relación al PIB. Esto se ha hecho a base de una extensión del sector financiero que quizá resulte excesiva en un contexto en el que el crédito evoluciona a tasas más normales, más parecidas a las europeas.

¿ Y qué hay de la concesión de créditos?

Por una parte, hay que tener en cuenta que cuando avanzamos en una recesión el número de clientes solventes disminuye por definición. Y eso debería hacer que los bancos cuidaran más su política de concesión de créditos porque ahora mismo no están sobrados de capital y no pueden conceder créditos sin el debido rigor. Pero, al mismo tiempo, el peor negocio del mundo para los bancos es perder buenos clientes. Y convendría recordárselo a los propios bancos, no porque no lo sepan, pero sí porque, en momentos tan extraordinarios como el actual, seguramente se sientan forzados a reducir su deuda contrayendo el crédito, en una política de extrema prudencia. Y siempre que se deja de financiar un proyecto rentable, el país pierde y los bancos también.

¿Habría que tomar medidas para que fluya la financiación?

Todas las medidas de apoyo al sector financiero que se han adoptado son para facilitar que los bancos prosigan con su política de concesión de créditos y se vean menos limitados por el capital. Los gobiernos han inyectado capital y han ofrecido garantías para las emisiones de préstamos de los bancos. El BCE, por su parte, ha puesto a su disposición una provisión de liquidez ilimitada, que trata de hacer de cortafuegos para evitar que un banco solvente que podría continuar concediendo préstamos se convierta en ilíquido.

Hay entidades que denuncian que las ayudas estatales han generado una asimetría en la competencia del mercado...

Yo lo que les diría es que la situación de la banca en Europa no es idéntica entre países. Ni siquiera en un mismo país. Por lo tanto, predicar una misma solución para todas las partes seguramente no tiene sentido. Hay que tratar igual las situaciones iguales. En cualquier caso, para evitar que se produzcan discriminaciones, la Comisión ha dictado recomendaciones, en buena parte inspiradas en sugerencias del BCE, sobre los criterios a seguir por los países que decidan, bien inyectar capital, bien garantizar préstamos o bien poner en marcha algún esquema de protección de activos.

¿Qué línea siguen?

Bueno, cuando un país decide poner en marcha cualquiera de estas iniciativas debe sujetarlas a unas normas muy precisas en cuanto a su coste, al tiempo que estarán en funcionamiento... Yo creo que con esto se contribuye a tener el terreno de juego nivelado.

¿Qué le parece la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para sanear a bancos y cajas?

Es una opción que tiene el sistema financiero español a su alcance. Aunque no olvidemos que el FGD tiene una dotación limitada y que está pensado para crisis específicas, no sistémicas, por lo que podría no ser suficiente si la crisis se prolonga.

¿Y los «bancos malos»?

Es una opción, pero no necesariamente la mejor. Se trata de que los bancos descarguen sus activos malos o potencialmente tóxicos en una entidad, digamos «mala», que se puede financiar de muchas formas. El sector público, el sector privado, o una combinación de ambas pueden ofrecer el capital. Que ésta sea la opción más deseable depende de cuál sea la naturaleza de estos activos, de cuán incierto sea el valor que tienen, de cuál es la expectativa de deterioro... Y no hay que olvidar que cuando el Gobierno está involucrado en la creación de «bancos malos», esto tiene un coste fiscal inmediato.

¿Cuáles serían las otras opciones entonces?

Hay esquemas alternativos que ofrecen garantía al valor de los activos a partir de ciertos límites y para situaciones extraordinarias, lo que supone no incurrir en un coste inmediato. Existe un posible coste a medio plazo si el valor de los activos se deteriora.

Esta crisis ha puesto de manifiesto deficiencias en la supervisión, ¿va a asumir el BCE parte de estas competencias?

En este tema es necesario hacer unas puntualizaciones. No es nuevo que el Eurosistema piensa que es muy positiva la cercanía, en cuanto a flujos de información, entre el supervisor y el Banco Central. Es importante que el supervisor suministre información relevante, desde un punto de vista de estabilidad financiera, y que, al mismo tiempo, el Banco Central pueda comunicarse con el supervisor para informarle de lo que él ve, pues tiene la perspectiva de la estabilidad financiera. Además, es cierto que hay un conjunto de bancos transfronterizos que están sometidos a distintos niveles de supervisión. Parece intuitivo, por tanto, defender que cuando una de estas entidades gane protagonismo en el mercado, aquella institución que esté en mejor posición de tener una percepción global de los riesgos y las vulnerabilidades del sistema debería tener responsabilidades formales en supervisión.

¿De qué tipo?

No la supervisión del día a día que ya realiza el supervisor, pero sí la macro-prudencial. El Eurosistema debe ser capaz, por ejemplo, de realizar pruebas de estrés a los bancos sistémicamente relevantes, o de elaborar indicadores de alerta temprana cuando el endeudamiento se dispare... Esa responsabilidad la podría tener el BCE y está dispuesto asumirla, en línea con las propuestas del Informe De Larosière.

¿Cómo se articularía?

A través de la activación de un artículo en el Tratado de Maastricht, por lo que no requeriría una reforma del mismo. No obstante, la responsabilidad de decidir sobre estas nuevas tareas de supervisión es del Consejo, corresponde proponerlo a la Comisión y, nosotros debemos indicar si estamos en condiciones y dispuestos a hacerlo. La respuesta debe ser receptiva, siempre y cuando caigan dentro del ámbito macro-prudencial y de coordinación entre supervisores.

¿La función de los organismos nacionales quedaría intacta?

Sí. El nuestro sería un papel complementario. Aquí no se quita a ningún banco nacional nada, sino que se pone en común la información y se incorpora la perspectiva macro a la toma de decisiones de los supervisores nacionales.

¿Debería el BCE ampliar sus funciones para velar, además de por el control de la inflación, por el crecimiento?

Creo que es totalmente innecesario revisar el mandato. Cuando el Banco se ocupa de anclar las expectativas de inflación, se ocupa a la vez del crecimiento. Es muy importante incidir en eso. Un Banco Central tiene únicamente un instrumento, los tipos de interés a corto plazo, y difícilmente con un solo instrumento se pueden alcanzar dos objetivos, cuando éstos se persiguen de manera independiente. Por añadir un objetivo más en el mandato, no mejoraríamos las cosas y probablemente generaríamos confusión.

Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿subiría otra vez los tipos en plena crisis?

Sin duda. La subida de julio de 2008 fue coherente con nuestro mandato. Las cosas cambian tan deprisa que se tiende a olvidar cuál era el contexto en julio. Por aquél entonces, en España, la inflación superaba el 5% y el 4% en la Eurozona. Lo que ocurre es que poco después sucedieron cosas impredecibles. La burbuja del crudo y de las materias primas se desinfló y la debacle de Lehman Brothers extendió por el mundo la desconfianza... La crisis financiera se convirtió, así, en una crisis de la economía real. Poco después, en octubre, el BCE bajó los tipos. Pero la decisión de julio fue, seguramente, la que nos ha dado margen para actuar con tanta fuerza sin perder el anclaje de las expectativas de inflación.