R. PÉREZ

ZARAGOZA. La Generalitat de Cataluña dedicó fondos públicos para financiar las acciones judiciales que promovió en los últimos años el Obispado de Lérida para evitar la devolución de los conocidos como «bienes de la Franja», las 113 obras de arte de parroquias aragonesas que siguen depositados en el Museo Diocesano de Lérida. El Obispado ilerdense mantuvo durante años una estrategia permanente para dilatar el cumplimiento de los dictámenes que le obligaba a entregar a Aragón esas piezas. Ahora se ha sabido que esa estrategia la pagaba la Generalitat. Lo ha revelado el actual obispo de Lérida, Joan Piris, en la revista «Catalunya Cristiana».

Piris, en tono de queja, explica que la Consejería catalana de Cultura no quiere facilitar la entrega de esos bienes a Aragón. Son obras que le pertenecen a la Iglesia.

La postura de la Generalitat tampoco es nueva y, en los tiempos en los que la Diócesis ilerdense era regida por Francesc Xavier Ciuraneta, hubo una sintonía plena ante el litigio de los «bienes de la Franja». Ahora se ha sabido que fue algo más que una mera coincidencia de opiniones; llegó incluso a la derivación de dinero público para pagar procedimientos legales promovidos por el Obispado de Lérida ante la jurisdicción eclesiástica, que es en la que se ha visto este litigio. Algunas fuentes cifran en unos 360.000 euros el dinero que habría aportado la Generalitat para pagar recursos interpuestos por la Diócesis leridana.

El Ejecutivo central se inhibe

Durante todos esos años, el Gobierno aragonés PSOE-PAR se ha mantenido al margen del contencioso. El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, rechazó actuar, mientras la Generalitat intervenía en varios frentes para retener los «bienes de la Franja». El mes pasado cambió su postura y anunció acciones penales contra las autoridades civiles que frenan la devolución de esas piezas a Aragón, entre ellos el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras. Esas acciones judiciales anunciadas por el Gobierno aragonés PSOE-PAR aún no se han sustanciado. Mientras tanto, el Ejecutivo central sigue de brazos cruzados en este asunto.

La situación le incomoda al PAR. Desde el Gobierno regional guarda silencio, aliado al PSOE; pero trata de marcar distancias desde fuera. Ayer lo hizo por boca de su portavoz en las Cortes de Aragón, Javier Allué, que exigió al Gobierno central -es decir, a sus socios del PSOE- que intervengan para que se ejecute la sentencia que obliga a Cataluña a entregar esas obras de arte a la Diócesis aragonesa de Barbastro-Monzón.

El PP también ha reclamado a Iglesias que pase de las palabras y actúe «contundentemente ante los tribunales para que se devuelvan» estas obras de arte. «¿A qué espera Iglesias?», se preguntaba ayer el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez. Le exigió que actúe para demostrar que su anuncio de acciones judiciales no es «una nueva promesa lanzada a bombo y platillo por el presidente de Aragón con el único objetivo de ganar tiempo e intentar salvar a última hora su imagen en una cuestión que se le ha ido de las manos por negligencia, dejadez y acomplejamiento ante sus correligionarios Maragall -ex presidente de la Generalitat- y Montilla».