El Vaticano no está dispuesto a que la sentencia que ordena la entrega de los «bienes de la Franja» a Aragón siga sin cumplirse y autorizará al Obispado de Lérida a emprender acciones penales contra la Generalitat u otras autoridades civiles catalanas si impiden la devolución de dichas piezas. Hasta ahora, la Generalitat se niega a aceptar, sin más, que esas 113 obras de arte que pertenecen a parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón (Huesca) salgan de Cataluña. El Ejecutivo de Montilla da largas y aboga por el «diálogo» para buscar un arreglo pactado, después de 14 años de litigio que se ha resuelto en los tribunales eclesiásticos.

El Concordato da plena validez a estas resoluciones judiciales en el ordenamiento jurídico español. En 2005 ya hubo un pronunciamiento rotundo que ordenaba la entrega de esas piezas a Aragón. Los recursos presentados desde Cataluña fueron rechazados en todo momento. El año pasado se alcanzó un acuerdo entre las dos Diócesis, con el aval de la Nunciatura de la Santa Sede en España, pero tampoco se ha cumplido. El problema es que la Generalitat no acepta la salida de esas obras de arte. Cuando ya había surgido el contencioso, llegó a catalogar esas piezas como parte del patrimonio cultural catalán.

El Consorcio leridano

El Vaticano, sin embargo, insiste en que el asunto concierne exclusivamente a la Iglesia y que ha de ser resuelto en su seno, sin intervención de autoridades ajenas a la propiedad de dichas obras de arte. El Vaticano ya ha instado al obispo de Lérida, Joan Piris, a que entregue estas obras de arte sacro a Aragón, a través de una solicitud formulada por la Secretaría de Estado del Vaticano. Si el trámite no prospera, autorizará al Obispado de Lérida a emprender acciones penales contra quienes entorpezcan la entrega de esas obras a la Diócesis de Barbastro-Monzón.

En la misma línea se ha embarcado el Gobierno aragonés, que ha decidido iniciar acciones penales contra los miembros del Consorcio del Museo Diocesano de Lérida -liderado por la Generalitat-, museo en el que están depositados los «bienes de la Franja». Además, de esta forma, el Obispado de Lérida se desmarca abiertamente de cualquier atisbo de complicidad con la estrategia de las autoridades civiles catalanas. De lo contrario, el obispo ilerdense también entraría en las acciones penales anunciadas por el Gobierno aragonés, porque también se sienta en dicho consorcio.

Apropiación indebida

Junto a la Generalitat, forman parte de ese organismo la Diputación de Lérida, el Ayuntamiento ilerdense y el gobierno comarcal del Segriá. Sus responsables quedan en el punto de mira de las acciones penales que ha anunciado el Gobierno aragonés y de las que está dispuesto a alentar el Vaticano en la Diócesis de Lérida. Fundamentalmente, porque entiende que quien actúa desde las instituciones civiles para retener esas obras de arte, estará arrogándose unos derechos sobre unas ellas que no le corresponden, porque son propiedad única y exclusiva de la Iglesia. Por lo mismo, las acciones anunciadas por el Gobierno aragonés se prevén basar en el delito de apropiación indebida, además de prevaricación y obstrucción a la acción de la Justicia.

Y mientras todo esto ocurre, la Generalitat sigue hablando de «diálogo», con el beneplácito del Gobierno central. ABC ya avanzó hace una semana que el Ministerio de Cultura no tenía previsto intervenir para velar por el cumplimiento de la sentencia y presionar a las autoridades catalanas a que no la entorpezcan. Inhibición absoluta. Y, ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue más allá y habló también de buscar un arreglo pactado entre Aragón y Cataluña. Choca frontalmente con las exigencias del Gobierno aragonés, que preside el socialista Marcelino Iglesias. Al mismo tiempo, la postura por la que ayer abogó De la Vega supone relegar el cumplimiento de una sentencia judicial y respaldar las tesis de la Generalitat que lidera el también socialista Montilla.

María Teresa Fernández de la Vega reveló que, durante la reunión que mantuvo a principios de febrero con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, se comprometió a buscar «una salida pactada» al litigio de los bienes de la Franja. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega reconoció haber hablado del conflicto con Bertone a petición del alto cargo vaticano. «Le dije que me iba a interesar por la situación del conflicto ante las autoridades de Cataluña y Aragón». En este sentido, la número dos del Gobierno de Zapatero reconoció que está intentando negociar con las administraciones y «tratando de encontrar una solución pactada y acordada para dar salida a esta situación».