EL Gobierno español ha respondido favorablemente a la petición que hizo el presidente Obama a los países europeos para que colaboraran en el cierre de la prisión existente en la base de Guantánamo, acogiendo a algunos de sus presos. La siguiente entrega de la cooperación entre España y Estados Unidos será la respuesta a la solicitud de más tropas para combatir a los talibanes en Afganistán. Lo cierto es que el delirio general con el nuevo inquilino de la Casa Blanca se enfrió un poco en Europa ante la expectativa de tener que recibir a presuntos sospechosos de terrorismo yihadista. No se calcularon bien las consecuencias de la «obamanía» y ahora algunos gobiernos están comprometidos por su entusiasmo con el presidente de Estados Unidos. Aun así, el apoyo al cierre de Guantánamo va a tener un coste político y legal, que el Gobierno español está dispuesto a asumir, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confirmara a Hilarry Clinton, secretaria de Estado, el visto bueno del Ejecutivo socialista. El problema es que los prisioneros que se trasladen a España deben hacerlo con algo más concreto que las «condiciones jurídicas aceptables» reclamadas por el ministro Moratinos. Esos presuntos terroristas o vienen como imputados, y son juzgados en España, o piden asilo conforme a la legislación española, o se les reconoce por anticipado su derecho a desplazarse libremente y a abandonar el país. En la ley española no hay más opciones ni «condiciones jurídicas aceptables» distintas a éstas. No en vano el Tribunal Supremo español dejó claro que toda prueba obtenida en Guantánamo es ilícita a la luz de la Constitución de 1978. Cualquier otra opción supondría incurrir en el mismo vicio que se criticaba al anterior presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Sería tanto como crear en España un nuevo limbo jurídico para estos presos.

Lo más razonable, con criterios políticos y legales, es que sea el presidente Obama el que arregle definitivamente el problema de Guantánamo, estableciendo cuál es el estatuto de los prisioneros internados en esta base. Tampoco es difícil la alternativa: o los juzga, si hay cargos, o los excarcela, si no los hay. Si no toma esta decisión quizá sea debido a que el desmantelamiento legal de Guantánamo no resulte tan sencillo como aparentaban sus discursos. Y así es, porque, aun siendo justamente para Europa una negación radical de los derechos más fundamentales de todo acusado y un atentado a la dignidad humana, Guantánamo también es el resultado del respaldo político y judicial que dieron las instituciones estadounidenses a la política antiterrorista de Bush, porque existía y existe una amenaza terrorista.

El Gobierno español acierta al expresar su apoyo a Obama en el cierre de Guantánamo, pero sería un error que esta nueva etapa abierta con Washington comenzara con una decisión que presentaría muchas dudas de legalidad y oportunidad política. Dudas que comparten los gobiernos de la Unión Europea porque la acogida de presos enviados desde Estados Unidos, sin precisar su estatuto jurídico conforme a las legislaciones nacionales, sería una aplicación extensiva de la legislación excepcional antiterrorista aprobada por la Administración Bush. Y esto, para quienes tanto han criticado al anterior presidente de Estados Unidos, es una contradicción insuperable.