Negó que algún familiar fuera beneficiado por la explotación del complejo deportivo
El vicepresidente regional, Ignacio González, compareció ayer a petición propia en la comisión de vigilancia de las contrataciones de la Asamblea de Madrid. Lo hizo para defender la adjudicación de tres contratos relacionados con el Canal de Isabel II. En concreto, se trata de los referidos a los servicios de limpieza y seguridad de dichas instalaciones, así como el de gestión y explotación de las instalaciones deportivas del «tercer depósito».
González defendió la «estricta legalidad y transparencia» de las adjudicaciones y aseguró que éstas se ajustaron a los «criterios técnicos de los servicios competentes». Recordó que estos contratos fueron aprobados por «acuerdo unánime» del consejo de administración, compuesto también por miembros del PSOE e IU.
Sobre la adjudicación de la empresa de limpieza (Saminsa) apuntó que el Gobierno de Joaquín Leguina le otorgó 13 contratos, mientras que Gallardón le dio otros 237, frente a los 14 del Gobierno de Aguirre. «Esto viene a demostrar que esta compañía no es nada sospechosa», apuntó González.
Por lo que respecta al contrato de seguridad del Canal, apuntó que se adjudicó a Segurisa tras conocer que los terroristas del 11-M tenían información sobre sus instalaciones. En el caso del complejo deportivo, negó que en ninguna de las empresas de la UTE que conforman Green Canal Golf participe algún familiar.
González desmentía así las informaciones que han aparecido en los últimos días y que relacionaban a su cuñado y a su hermano con la empresa deportiva. «Se trata de una compañía dirigida, gestionada y controlada mayoritariamente por el grupo ACS-Dragados. En ninguna de estas empresas, como consta en las escrituras de los expedientes, han participado familiares míos», aseguró.
Viaje a Johanesburgo
La portavoz de IU, Reyes Montiel, sostuvo, sin embargo que la empresa Tamanaco 07 Consulting, a la que pertenecen el hermano y el cuñado de González, compró acciones de Tecnoconcret después de que ésta vendiera a Iridium (ambas empresas son adjudicatarias del complejo deportivo), lo que les supuso «el beneficio de comprar acciones de una empresa que había ganado valor por su participación en la explotación del campo del golf».
Tanto PSOE como IU insistieron en preguntarle por su viaje a Sudáfrica con Enrique Sánchez (contratista del Canal) y han criticado que, tanto en el caso de Saminsa como en el de Segurisa, la valoración de la oferta técnica decantara las adjudicaciones, por encima de la oferta económica.