De la máxima confianza de De la Vega, este catedrático de Derecho Constitucional, de tono grisáceo, es el polo opuesto a su antecesor
JOAQUÍN PAÑEDA Francisco Caamaño
El presidente Zapatero tenía dos opciones: dar continuidad a la gestión de Bermejo y su estilo combativo, cacerías aparte, u optar por un perfil técnico, alejado de polémicas y protagonismos estériles, capaz de lograr lo que parece imposible: un acuerdo con los jueces, recién salidos de una huelga histórica. Apenas unos minutos después del anuncio de dimisión de Bermejo, se producía otro fuerte revés hacia su política, cuando el jefe del Ejecutivo nombraba a un nuevo ministro que se encuentra en las antípodas del saliente.
Francisco Caamaño (Cée, La Coruña, 8 de enero de 1963) ha sido durante los últimos cinco años el nexo de unión entre Moncloa y las Cortes. Primero como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y desde 2008 como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, cargos desde los que ha mantenido una buena relación con todos los grupos parlamentarios, incluido el Popular.
El nuevo ministro de Justicia es de la máxima confianza de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Este catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia metido a político se ha movido siempre con enorme discreción. En cuanto sustituyó a Jorge Fernández Díaz como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes eliminó las ruedas de prensa para presentar los barómetros del CIS, para evitar declaraciones e interpretaciones polémicas.
Es un técnico puntilloso, bien preparado, dialogante y buen negociador, según dicen los que le han tratado. Desde el PP no ha salido, de momento, ni media palabra negativa sobre su nombramiento, un recibimiento radicalmente opuesto al que obtuvo Bermejo cuando aterrizó en el Ministerio, en febrero de 2007.
Caamaño fue el negociador del Gobierno durante los meses más duros de la redacción del Estatuto de Cataluña. Fue idea suya la fórmula de incluir el término «nación» en el preámbulo del Estatuto, para eludir posibles problemas constitucionales. En esta última etapa perseguía otro acuerdo estatutario, en este caso de Castilla-La Mancha, un hueso que está resultando casi tan duro de roer como el catalán. El texto está ya en la Comisión Constitucional, con el PP y el PSOE a cara de perro por el agua.
Este gallegoparlante, gran aficionado a la náutica, ya sonó en su día como posible consejero de Touriño en Galicia, pero De la Vega lo amarró en La Moncloa. En 1993 fue nombrado letrado del Tribunal Constitucional, y desde ahí se dio a conocer y se ganó la confianza de los socialistas.