
Mientras le interrogó el fiscal y la acusación particular mantuvo el tipo; cuando le tocó el turno de responder a su abogado se derrumbó: «Yo quisiera que cualquiera de aquí se pusiera por un momento en mi lugar; que sintieran el dolor como padre de haber perdido a una hija, la impotencia porque a mi alrededor sólo había vacío. El dolor era tan grande que había que contener la rabia. Matan a mi hija y me veo aquí, acusado, sintiendo vergüenza». La voz se le quiebra. «Intento rehacer mi vida, pero no me dejan. Porque aquel momento es éste. No ha pasado. Me equivoqué y ofendí a personas y pido perdón por ello, pero volvería a hacer lo mismo. No quise ofender. Nada más lejos de mi intención, pero la rabia duele». Es Fernando García, el padre de Miriam, una de las tres niñas de Alcácer salvajemente asesinadas en 1992. Es el alegato de un padre que se enfrenta a 16 años de prisión.
De la mano de Juan Ignacio Blanco, criminólogo de dudosa treyectoria, recorrió platós de televisión cuestionando la investigación oficial y alimentando teorías alternativas sobre la autoría de los crímenes. Aquello les pasa factura ahora,
El fiscal pide 16 años de prisión y una multa de 113.400 euros para cada uno de ellos por las descalificiones vertidas en el programa «El juicio de Alcácer» contra el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los forenses, la Guardia Civil y los tres magistrados que integraban el Tribunal. El espacio se emitía a diario por Canal 9 para comentar el desarrollo de las sesiones de la vista oral que se celebró entre mayo, junio y julio de 1997.
El fiscal les considera autores de ocho delitos de calumnias y nueve delitos de injurias graves, de los que también responsabiliza al director del programa Ferrán Pérez y a la presentadora, Amalia Garrigós. Para ellos pide cuatro años de cárcel, 65.000 euros de multa e inhabilitación.
En aquel programa se habló de «confabulación», de destrucción deliberada de pruebas, de falsedad, de torturas...
El juicio comenzó ayer en Valencia tras ocho suspensiones previas. El criminólogo, sobre el que pesaba una orden de búsqueda porque no compareció el viernes, insistió en que las cosas se hicieron mal pero dijo que nunca tuvo intención de difamar. Los periodistas se desvincularon de las manifestaciones de sus compañeros de banquillo, con los que otrora compartieron plató y audiencias.

