«Estupor» en la UE por la decisión de Bono de eliminar a España de la Asamblea de Defensa
La propuesta del presidente del Congreso, José Bono, apoyada por las mesas del Congreso y Senado, de retirar la representación española en la Asamblea Parlamentaria de Seguridad y Defensa de la Unión Europea Occidental, ha causado «estupor» en este organismo internacional. Las razones de austeridad esgrimidas para impedir que los diputados y senadores asistan a las reuniones de este organismo -cuyo Pleno se celebra en París dos veces al año, así como otros encuentros de carácter mensual-, suponen el incumplimiento del Tratado de Bruselas.
Esta decisión, adoptada en octubre de 2008, empieza a tener ahora consecuencias para el papel que España tiene en los organismos internacionales, como así lo han puesto de manifiesto el ex presidente socialista de la citada asamblea, Jean Pierre Masseret, y su sucesor, Robert Walter, en sendas cartas remitidas al presidente del Congreso, José Bono, a las que ha tenido acceso ABC.
«Decisión unilateral»
En el momento que Masseret tuvo conocimiento de esta decisión, a través de los medios de comunicación, le envió una carta a Bono, con fecha 13 de noviembre de 2008, en la que le expresaba «mi desacuerdo con una decisión unilateral que, en mi opinión, vulnera el espíritu y el Tratado de Bruselas modificado». Además, se mostraba dispuesto a mantener un encuentro con el presidente del Congreso, ya que creía que «sería posible hallar una fórmula que, teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias a las que todos nos enfrentamos, pueda, al mismo tiempo, resolver el problema político planteado».
Esta misma carta, esta vez con fecha de 19 de noviembre, se la envía al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al que le pide su apoyo «para poder tener de nuevo entre nosotros, en el más breve plazo de tiempo, a la delegación parlamentaria española». Masseret apunta que «estamos seguros de que usted y su Gobierno estarán convencidos de la necesidad de mantener en su integridad, comprendida su dimensión parlamentaria, el Tratado de Bruselas».
Esta orden de no asistir a las reuniones de la asamblea parlamentaria sólo se levanta el 17 de noviembre, y con un único objetivo: que los parlamentarios «asistan a la asamblea General del mes de diciembre, a fin de que los miembros titulares de la delegación española puedan cerrar ordenadamente su participación en la asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental».
A pesar de las cartas enviadas por el presidente de esta asamblea a Bono para intentar solventar el problema, éste no hace caso, por lo que Masseret le remite otra carta en la que critica con contundencia esta insólita propuesta del presidente del Congreso, secundadas por las mesas de las dos Cámaras. En su nueva misiva de 5 de diciembre Masseret muestra su «alegría» por la presencia española en la reunión de París (a la que fueron para despedirse), pero le transmite «nuestro estupor cuando ayer supimos que usted ha retirado toda la financiación de la participación española en nuestros trabajos para el año 2009».
El presidente de la Asamblea Europea de Seguridad y Defensa llega a afirmar que es «totalmente contraproducente amputar el esencial enlace de los parlamentarios nacionales con la opinión pública». Pero lo más grave de esta carta es que pone en evidencia el incumplimiento de España de sus compromisos internacionales, al señalar que «somos conscientes de que España, como Estado firmante del Tratado de Bruselas modificado, tiene todo el derecho abandonarlo» y le indica que sólo puede hacerlo «siempre que la denuncia del mismo, ante el Gobierno de Bélgica, se produzca con un año de antelación, tal y como lo estipula el artículo XII del Tratado. Hasta ahora, el gobierno belga no ha recibido tal denuncia, ni del gobierno español ni de ninguno de los demás Estados miembros».
«Descortesía»
Su segunda misiva a Bono finaliza recordando que «España está obligada a hacer frente a sus obligaciones legales, con respecto al Tratado de Bruselas modificado, incluyendo su participación en la asamblea parlamentaria, tal y como está mencionado en el artículo IX del mismo» y le transmite que «todas nuestras delegaciones están profundamente disgustadas por las posibles consecuencias de su decisión» y le invita a tratar de «hallar un compromiso que permita reducir el gasto de la participación de la delegación española».
Además, aunque se muestra comprensivo con «los problemas presupuestarios de vuestro país», le recuerda que «son también los de los demás Estados miembros». Esta carta se la envía también a Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Miguel Ángel Moratinos, Carmen Chacón y Javier Rojo.
No es hasta el 16 de diciembre cuando Bono contesta a Masseret y le pide que no interprete «como descortesía mi respuesta conjunta a sus cartas de 13 de noviembre y 5 de diciembre» y le comunica que la decisión se enmarca «en el proceso de racionalización de la actuación exterior de las Cámaras» y que esta decisión no «ha de entenderse como denuncia del tratado, competencia que escapa por completo a las Cortes Generales».
El malestar en la UE lo retoma el nuevo presidente de la Asamblea, Robert Walter, que el 19 de enero de 2009 le envía una carta a Bono y le dice que, en su decisión, no se han tenido en cuenta «todas las implicaciones» y le muestra su deseo de entrevistarse con él, en una visita que realizó a Madrid los días 9 y 10 de febrero. Al igual que hizo su antecesor, comprende los problemas presupuestarios de España. Durante su visita a España, según las fuentes consultadas por ABC, no fue recibido por José Bono, aunque sí por el presidente del Senado, Javier Rojo.
El malestar por esta situación es patente en toda la delegación española,integrada por parlamentarios de todas las formaciones políticas. No son sólo los representantes del PP e CiU quienes critican esta decisión, sino que los socialistas también lo hacen de manera privada.

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