Tan sólo 24 horas después de que trascendiera su petición para imputar al presidente Camps, los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para sentar en el banquillo a otro alto cargo del PPCV, el diputado autonómico y ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, se vinieron ayer abajo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decretó ayer el sobreseimiento libre de las actuaciones abiertas contra Díaz Alperi por el «caso Mercalicante», en el que se investiga el quebranto de seis millones de euros causado en la empresa pública municipal por su ex gerente, Emilio Cladera.
En el auto dado a conocer ayer, la Sala de lo Civil y Penal señala que no hay ningún indicio de que Díaz Alperi incurriera en los delitos de malversación de fondos públicos o apropiación indebida, más allá de «meras conjeturas, apreciaciones, intuiciones o conclusiones subjetivas» del fiscal y de la acusación particular ejercida por el PSOE.
La resolución judicial constituye un auténtico varapalo para el fiscal Anticorrupción Felipe Briones y para la juez de Alicante encargada de la instrucción del caso, pues el Tribunal Superior advierte que se han vulnerado los derechos de todos los implicados debido a la injustificada dilación que ha sufrido la causa.
«Aun siendo un delito no sencillo», afirma el auto, «no cabe considerarlo tan complejo como para que estemos ya por encima de los seis años en su tramitación sin que haya terminado todavía la instrucción». Al respecto, el Tribunal señala que el fiscal Anticorrupción «ha permanecido durante meses y meses inactivo, sin siquiera pronunciarse sobre la competencia» de la causa.