Sábado, 21-02-09
Tiene, al parecer, un serio problema ocular el Ministerio Fiscal en algunos puntos de la geografia española. Se trata de una suerte de ceguera parcial, por cierto, miope bizqueo del ojo izquierdo, que le inhabilita para realizar con la debida premura su trabajo cuando éste se refiere a militantes socialistas. Como consecuencia de este deplorable defecto se ve obligado a compensar su, sin duda, indeseada laxitud con un esmerado celo censor de su ojo derecho, que lo lleva a actuar con veloz eficiencia cuando los afectados por sus diligencias pertenecen al PP.
Con empeño enternecedor algunos de los servidores de la acusación pública, precisamte los más destacados por su disciplinada adscripción a una determinada ideología, acentúan la persecución de los cargos públicos populares mientras actúan con sosegada parsimonia o simplemente obviando con displicencia contra los pecadillos de presunta malversacion, supuesta prevaricacion y otras corruptelas de los cargos públicos del PSOE.
Tal es el caso de la localidad tinerfeña del Rosario cuyo alcalde, el socialista Macario Benítez, se permite el lujo de advertir que acude a los tribunales «de paseo» pese a estar imputado por prevaricación y tráfico de influencias. Y no es extraña su chulesca confianza cuando la atareada Fiscalía ni siquiera acude a su toma de declaración de nada menos que dos horas ante el juez.
El edil a quien la Fiscalia parece no considerar interesante, o prudente, se limitó a hacer aprobar un plan parcial rechazado hasta tres veces por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo curioso del caso es que el alcalde convirtió con maestría su omision en accion, ya que la aprobacion se produjo como consecuencia de un socorrido silencio administrativo.
Y debe existir manual, porque el viejo truco del "callo luego otorgo" ha permitido al también socialista alcalde de la localidad gallega de Viveiro, aprobar unas licencias tan escandalosas que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se vio obligado a traslasdar hace meses a la Fiscalia su sentencia anulatoria por entender que pudiera haberse incurrido en algún delito. Pero ni sentencia, ni informes policiales ni querellas del PP. En este caso la Fiscalía actúa con la lentitud que la militancia del cargo público requiere.