El Ministerio de Cultura ni ha intervenido ni intervendrá para hacer valer la sentencia que obliga a Cataluña a entregar a Aragón los conocidos como «bienes de la Franja». Es la colección de 113 obras de arte pertenecientes a parroquias aragonesas, que siguen en poder del Museo Diocesano de Lérida, cuyo consorcio lidera la Generalitat. El litigio se ha dirimido en la jurisdicción eclesiástica, fruto de la discusión sobre la propiedad de estas obras de arte que iniciaron en 1995 los obispados de Barbastro-Monzón y de Lérida. El asunto incumbía a ambas partes, pero hace años que trascendió de este ámbito, sobre todo cuando la Generalitat optó por catalogar esas 113 piezas como parte del Patrimonio Cultural Catalán.

De nada ha servido la sentencia y dictámenes judiciales que ordenan a Lérida la entrega de esas obras a Aragón. Y ya no es sólo cuestión de que el Obispado de Lérida cumple la sentencia, sino de que la Generalitat le permita hacerlo. De hecho, ahí radica el problema. la Generalitat en ningún momento se ha mostrado favorable a que esas obras de arte salgan de Cataluña. No contempla la entrega de las piezas a la Diócesis de Barbastro-Monzón, donde se ha habilitado un museo que se estrenará con fotografías de esas obras de arte, porque las que tenían que ocupar el espacio siguen en Lérida.

Ni Ferraz ni Molina

Con estos antecedentes, al final el Gobierno aragonés que preside el socialista Marcelino Iglesias se ha decidido a actuar, haciendo al final lo que desde la oposición le habían reclamado desde hacía años. Ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos de la Comunidad para promover acciones penales contra las autoridades catalanas que forman el consorcio del Museo Diocesano de Lérida. A su cabeza está el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Treserras.

Pero Iglesias no ha obtenido el respaldo de su partido desde Madrid. Y el Ministerio de Cultura ha dejado claro que tampoco. Hace unos días fue la número tres del PSOE, Leire Pajín, la que echaba un jarro de agua fría a las tesis del Gobierno aragonés y abogaba por el «diálogo» entre el Ejecutivo de Iglesias y la Generalitat de Montilla, en vez de exigir que se cumpla la sentencia, sin más. Y ahora es el Ministerio de Cultura el que asegura que en absoluto contempla intervenir en el asunto de los «bienes de la Franja».

Fuentes del Ministerio que dirige César Antonio Molina han asegurado a ABC que este problema «incumbe a la Iglesia y es en ese ámbito en el que lo tienen que resolver». Pasan por alto que la Generalitat hace tiempo que intervino en el asunto y no oculta sus acciones para evitar que se cumpla la sentencia y esas 113 obras de arte sean devueltas a sus legítimos propietarios, a la Diócesis de Barbastro-Monzón.

El Ministerio de Cultura ha sido contundente al indicar que no han actuado hasta ahora y que prevén seguir en las mismas.

Presuntos delitos

La interpretación que hacen de este conflicto choca de lleno con la postura del Gobierno aragonés. El Ministerio de César Antonio Molina entiende que no ha lugar a la intervención de las instituciones políticas, justo cuando el Gobierno de Iglesias considera que sí procede actuar y trabaja en acciones penales contra las autoridades catalanas. Pretende plantear denuncias ni más ni menos que por unos presuntos delitos de apropiación indebida, prevaricación y obstruir la acción de la Justicia.

El Ejecutivo de Iglesias insiste en que seguirá adelante con sus acciones legales en defensa de los «bienes de la Franja», aunque en esta misión no ha obtenido respaldo en Madrid, ni en su partido ni en el Ministerio de Cultura.

En Aragón se llevaba años reclamando que el Gobierno regional interviniera, pero también se han alzado voces críticas ante la inhibición permanente que ha mostrado el Ejecutivo de Zapatero.

Afirman que contrasta con la receptividad que mostraron ante la insistente demanda catalana de los «Papeles de Salamanca». En aquella ocasión sí hubo intervención ministerial, aceptación de la demanda de la Generalitat y envío de los archivos a Cataluña, a pesar de la sonada polémica y del rechazo que suscitó en Salamanca.