Viernes, 20-02-09
EL profesor Peces-Barba ha sido un excelente rector. Ha contribuido a hacer una gran universidad. Pero no es precisamente él quien puede quejarse de trato preferencial por parte de los poderes públicos y privados. Somos muchos todavía los que recordamos cómo y cuándo se creó la Carlos III de Madrid y cómo fue bendecida por los poderes fácticos de la época, incluida Caja Madrid por cierto. El rector supo, y ha seguido haciéndolo durante su largo mandato, utilizar su caché político en beneficio de la universidad en un encomiable trabajo semejante al de los chancellors anglosajones. No le critico por eso, más bien le admiro, aunque me hubiera gustado un poco más de transparencia y unas reglas de juego más equitativas.
Le tengo un profundo respeto profesional y creo poder contarme entre sus amigos, aunque son obvias nuestras discrepancias. Su Tribuna del sábado 14 publicada en el diario «El País» no ha sido lo mejor que ha escrito. Su afirmación de que las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia favorecen descaradamente a las universidades privadas y se desentienden del cuidado económico de las universidades públicas, es sencillamente falsa. Querido Gregorio, uno no debería dejarse llevar por los prejuicios ideológicos, ni por la animadversión personal hacia la presidenta Aguirre hasta el punto de confundir deseos con realidades. Puedo hablar con un cierto conocimiento de causa por Madrid como rector de la Universidad privada Antonio de Nebrija -circunstancia que por ser relevante y contra lo que es habitual en la prensa española no quiero ocultar al lector en este caso-. Como no me atrevo a discutir de filosofía con mi querido rector, voy a limitarme a tres hechos concretos, ya se sabe que los economistas tenemos obsesión con los datos. Habría más pero no hace falta aburrir. Las universidades privadas no recibimos ni un duro de financiación pública, ni para infraestructura ni para nuestros estudiantes, pese a estar sujetas a los mismos requisitos que las públicas en la prestación de un servicio público, lo que sí sucede por cierto en otras comunidades donde el gobierno local cuenta con el apoyo del PSOE. Las universidades privadas de Madrid no participamos de pleno derecho en el Consejo Universitario de la Comunidad, como sí sucede en Cataluña, donde creo recordar gobierna el tripartito, y nos limitamos a ser invitados con voz pero sin voto cuando algún tema nos afecta específicamente. Y la Comunidad ha puesto en marcha un plan de financiación de las universidades públicas, introduciendo por primera vez criterios objetivos y acordados con las propias universidades, donde las privadas no hemos sido invitadas, ni como oyentes.
Se le hace un flaco favor al proceso de Bolonia creando fantasmas y mandando a los estudiantes a luchar contra podencos inexistentes. El problema de la universidad española no es hoy el control ideológico, aunque de haberlo sería más bien desde posiciones socialistas o nacionalistas en algunas universidades públicas que don Gregorio conoce bien. El problema tampoco es la universidad privada, bien se han ocupado los poderes establecidos de que tenga escasas posibilidades de desarrollo. El problema es la falta de transparencia, flexibilidad y competencia del sistema; su burocratización creciente y la idea profundamente reaccionaria de que la universidad ha de ser gratis total, como las piscinas municipales. Bolonia ofrece la oportunidad de cambiar todo esto, pero no hay coraje político. Coda: Este artículo es una versión ampliada de una carta remitida al director del diario El País y que no ha tenido a bien publicar.

