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El Gobierno elimina el tope del 5% de participación entre los operadores de televisión
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Efe
El panorama audiovisual puede cambiar después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un Decreto Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones por el que suprimirá el actual tope del 5% como máxima participación entre los operadores de televisión. Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al consejo, el documento que ha salido adelante establecerá una "barrera" del 27% de audiencia media en el caso de participaciones simultáneas. También solicita la garantía de la existencia en el sector de al menos tres operadores privados de ámbito estatal con dirección editorial distinta.
Además, establece que una misma sociedad o persona física no podrá tener derechos de uso del espacio radioeléctrico superiores a la capacidad técnica de dos múltiplex -que permiten emitir cada uno un total de cuatro canales- de cobertura estatal y uno de cobertura autonómica.
Respecto a las televisiones públicas, el Real Decreto indica que el Estado no podrá adjudicar más del 25% del espacio disponible a los operadores en el ámbito estatal. En las comunidades autónomas y locales, este límite aumentará hasta el 50%.
Límite a la participación extracomunitaria
Esta medida contempla además un límite para las participaciones en operadores españoles de empresas y particulares que no sean miembros del espacio económico europeo. En este sentido, estos inversores estarán sujetos al principio de reciprocidad, aunque no se aplicará con carácter retroactivo. Según De la Vega, este acuerdo "garantizará el pluralismo informativo" en el sector televisivo. Además, ha subrayado que el Real Decreto "fortalecerá financieramente" a las empresas que prestan servicios de televisión en un "momento grave" de descenso de la publicidad.
Además, este texto contempla, entre otras "medidas liberalizadoras", la instauración de la plataforma satelital como la solución tecnológica "mas adecuada" para cubrir el acceso total de la población española a la TDT en las zonas en las que no llegará por vía terrestre. Según los cálculos del Gobeirno, un 1,5% de la población española se beneficiará de esta solución, principalmente en zonas "dispersas y aisladas en las que no es viable económicamente proporcionar cobertura terrestre de TDT". Los operadores de TDT de ámbito estatal tendrán la obligación de poner conjuntamente sus canales a disposición de, al menos, un mismo distribuidor de servicios por satélite.
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