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De la Vega termina por admitir la «inoportunidad» de la cacería

Abre la puerta a prohibir la huelga de jueces

Por otra parte, la vicepresidenta no ha podido sortear el tema de la Justicia, interrogada sobre la huelga que ha protagonizado esta semana el gremio de los jueces y magistrados. Sobre este asunto, el Gobierno abre la puerta a prohibir por ley la huelga de jueces, si bien la vicepresidenta De la Vega ha afirmado que se estudiará una reforma legal «en su momento», porque este asunto no es «prioritario». Lo «prioritario» para el Gobierno es «modernizar la Administración de Justicia» y resolver los «problemas que de verdad tiene la Justicia». Para ello, añadió, el Ejecutivo sigue tendiendo la mano a todo el mundo y seguirá adoptando medidas y, por eso, considera que la huelga judicial del pasado martes «no estaba justificada, por encima de cualquier otro debate».

En cambio, el Ejecutivo sí se plantea llevar a las Cortes incluso antes del verano la reforma del régimen disciplinario de los jueces , una decisión tomada a raíz de que el juez Rafael Tirado , responsable del juzgado que no ejecutó la pena de prisión que pesaba desde 2002 sobre el presunto asesino de la niña Mari Luz , fuera sancionado con sólo una multa de 1.500 euros. En el aspecto en el que sí se ha explayado la vicepresidenta socialista ha sido mirando al principal partido de la bancada rival, el PP, al que le ha dicho que los ataques al ministro de Justicia no son más que una «escaramuza miope» que le «pasará factura en los tribunales y en las urnas» y ha afirmado que el fondo de la cuestión no es una cacería, sino la trama investigada.

La vicepresidenta ha acusado al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy, de intentar «atacar a todos y a todo para intentar salvar a unos pocos». Para Fernández de la Vega, la estrategia del PP es clara: «Frente a la transparencia debida, la opacidad deliberada, frente a la asunción de responsabilidades, mirar para otro lado, y frente a la claridad, confusión».

La insistencia del PP en que Fernández Bermejo dimita, supone, a su juicio, que los representantes de este partido prefieren arremeter contra el Estado de derecho y sus instituciones antes que aceptar sus propias responsabilidades y poner freno a sus problemas.

Respecto a la comisión de investigación que el PP ha pedido crear en el Congreso para averiguar el alcance de las relaciones personales entre el ministro de Justicia y Garzón, se ha remitido a la decisión que al respecto adopte la Cámara Baja.

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