A. C.

MADRID. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, considera «impropio» y «fuera de lugar», facilitar al Congreso los nombres de los beneficiarios de las enajenación de pisos y locales acometidas por la Tesorería de su departamento en 2005 con todo tipo de irregularidades y a precios de un 40 y un 29 por ciento de su valor de mercado, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas. Fueron unas operaciones en que se movieron unos 70 millones de euros.

Granado compareció en la Comisión parlamentaria de Trabajo para dar unas explicaciones genéricas sobre el caso, basadas en que eran prácticas antiguas, sostuvo que él seguía la «política social» del Gobierno al vender los edificios sin caer en la especulación, pero no aportó los datos que por escrito le habían solicitado los diputados del PP José Eugenio Azpiroz y Ramón Aguirre. El secretario de Estado planteó la posibilidad de pedir un informe jurídico antes de dar al Congreso los nombres de los beneficiarios. Aguirre le volvió a exigir «los contratos con sus correspondientes subrogaciones» para poder analizar las explicaciones de Granado.