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MADRID/VALENCIA. La investigación de la ramificación valenciana de la presunta trama de corrupción investigada por Garzón parece abocada al archivo, al menos en lo que respecta a Francisco Camps. Así lo aseguran a ABC fuentes jurídicas que han tenido acceso a la documentación que maneja Anticorrupción y que afecta al presidente de la Generalitat, en este momento uno de los hombres fuertes del PP.

Las fuentes citadas aseguran que los indicios del Ministerio Público contra Camps son «endebles» y, en consecuencia, insuficientes como para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (único competente para investigar y enjuiciar al presidente de la Generalitat por su condición de aforado) llegara a juzgarle, y ni tan siquiera a imputarle. «Eso es un archivo de libro», afirman. El único eslabón que vincularía la trama con Camps es una conversación en la que Felisa Jordán (administradora de «Easy Concept») asegura que el presidente valenciano aceptó trajes por valor de 30.000, afirmación que hizo en una conversación grabada sin autorización judicial y de la que después se desdijo al declarar ante Garzón. Camps ya se ha querellado contra ella.

Al margen de la debilidad probatoria, el delito en el que encajarían esos hechos sanciona «con la pena de multa de tres a seis meses» a la autoridad o funcionario público que «admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente» (art. 426 del Código Penal). Sea como fuere, en este momento no existe imputación formal alguna contra Camps. Esa decisión, en su caso, sólo podría tomarla el TSJ valenciano.

Ayer fue uno de los días más amargos de la carrera política de Camps. A las seis de la mañana tuvo conocimiento de la información periodística que le implicaba en la supuesta trama. El calendario parlamentario le brindaba la oportunidad de defender su honorabilidad en las Cortes Valencianas, donde tenía que someterse a la sesión de control semanal, pero el presidente de la Generalitat más votado de la historia optó por no esperar para «desmentirlo de plano». Así, pocos minutos después de las nueve de la mañana -rodeado de su Gobierno y de la alcaldesa de Valencia- Camps leyó una declaración institucional en la que criticaba que «ésto, más que una causa, parece un proceso abierto contra todo un partido». El presidente valenciano hizo hincapié en la «ausencia de garantías procesales» derivadas de las constantes filtraciones de una causa que se encuentra bajo secreto de sumario, circunstancia que podría «anular todo el procedimiento», y anunció nuevas acciones legales para defender su honorabilidad y la del PP.

Los sondeos, a favor

Camps se siente damnificado por una campaña de acoso que, sin embargo, no ha hecho mella en el electorado. Así, los sondeos que maneja su partido elevan la distancia con el PSPV-PSOE, que en las últimas elecciones autonómicas fue de diecisiete puntos.

Con todo, el presidente decidió pasar de inmediato a los hechos y ordenó a sus catorce consejeros que comparezcan en Comisión en las Cortes Valencianas para someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre contratos firmados con empresas. Emprendía así una ofensiva parlamentaria por la transparencia.

Ya en el debate en la cámara, Camps desarboló a un diputado socialista cuando le preguntó si realmente daba crédito a las informaciones que le señalan como corrupto. Joaquim Puig se quedó en blanco.