El PP vuelve a decir basta. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, advirtió ayer que su partido denunciará la «actitud prevaricadora» del juez Garzón si no se inhibe en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, tal y como le ha reclamado la Fiscalía Anticorrupción. Señaló la «número dos» popular que el juez «tendrá enfrente, no al PP, sino a toda la sociedad española», si no ejecuta la petición de la Fiscalía, «porque un juez lo que tiene que hacer es aplicar la Ley, y no valerse de la Ley con intereses políticos».

A su juicio, «es inaceptable que una persona a la que se le cita en una causa se entere por un periódico de que lo está, en vez de por un comunicado del juez o del fiscal, que es como se hacen las cosas en un Estado de Derecho», manifestó.

Esta fue una de las principales reacciones del primer partido de la oposición tras conocer por el diario «El País» que Anticorrupción ha reclamado a Garzón que se inhiba de la «operación Gürtell» por la presunta implicación del presidente valenciano, Francisco Camps. La noticia cayó como una bomba de relojería en Génova 13, que decidió salir en defensa de su «barón» territorial. «Es un dirigente ejemplar y un político honrado que cuenta con el pleno apoyo del PP», dijo Mariano Rajoy. «Lo publicado es una violación del secreto que afecta a la honorabilidad de una persona querida, respetada y muy importante del PP», señaló el vicesecretario de Comunicación y ex consejero valenciano, Esteban González Pons.

En esta estrategia de salir a la ofensiva, el PP presentó ayer ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el delito de violación del secreto sumarial. Para los populares son incomprensibles tanto las filtraciones del sumario como la resistencia de Garzón a inhibirse. Tras comentar que el PP «está indignado», Pons llegó a hablar de un delito «de corrupción judicial» por entender que la filtración sólo puede haberse producido desde el juzgado. Además, agregó que se trata «de una investigación sistemática contra el PP por parte del PSOE». En este sentido, manifestó que el Ejecutivo «va filtrando de manera calculada para causar daño político al PP. Los socialistas han decidido la eliminación política de toda oposición a Zapatero», lo que redundaría en la teoría de una trama contra el primer partido de la oposición. Además, comentó que el PP se siente «indefenso y que si lo que se pretende es que tengamos miedo, no nos vamos a rendir jamás».

En su denuncia ante Conde Pumpido señalan los servicios jurídicos del PP que la ruptura del secreto causa un «gravísimo perjuicio» a las personas afectadas «y especialmente a terceros, a los que se sitúa en indefensión, tanto más cuando se vinculan las actuaciones presuntamente delictivas a una formación política ajena a todas ellas».

Hasta Europa

Además, el PP se reserva cuantas acciones civiles, criminales y de todo orden «nos correspondan en defensa del honor y la dignidad de las personas e instituciones afectadas ante los Tribunales e instancias nacionales o europeas que sea necesario», señala la denuncia.

Los populares pretenden asimismo que Pumpido comparezca en el Congreso «y explique lo que ha hecho para impedir las filtraciones y lo que va a hacer contra los filtradores», delito que podría acarrear penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de tres a cinco años. Aunque en el mejor de los casos para el PP, de aceptarse esta comparecencia, no se produciría antes del 10 de marzo, incluso si fuera en la comisión de Justicia. En una batería de iniciativas sin precedentes por las que el PP ha decidido pasar a la ofensiva, reclaman también la constitución de una comisión de investigación «para esclarecer las actividades contrarias al principio constitucional de separación de poderes, al ordenamiento jurídico y al Código de Buen Gobierno por el ministro de Justicia», según explicó la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, el Comité de Derechos y Garantías del PP acordó nombrar instructor del caso al senador Joan Huguet para que continúe con la investigación interna sobre los imputados Arturo González Panero y Guillermo Ortega. De la entrevista de éstos con dirigentes del partido no hubo nada concluyente, según ha podido saber ABC. No se valoró la posibilidad de una suspensión cautelar de militancia ya que, tal y como admitió, Pons «no se puede tomar una decisión definitiva sin pruebas ni causa, sólo por suposiciones».