LA crisis entre el Gobierno y la Justicia está alcanzando dimensiones que amenazan la estabilidad institucional. Está previsto que hoy amplios sectores de los jueces, apoyados por dos de sus cuatro asociaciones, realicen una huelga ciertamente histórica, porque es la primera; incluso los jueces que no secundan la huelga apoyan claramente la protesta de sus compañeros. Las razones por las que se ha llegado a esta situación son diversas, pero más que hacer una contabilidad de agravios, lo que necesita el Estado de Derecho es una recuperación moral y material de la magistratura española. A los jueces se les puede y debe reprochar que no hagan autocrítica, siempre necesaria para legitimar demandas, y más aún cuando las carencias de los juzgados no explican siempre las onerosas lentitudes de los procedimientos. Dicho esto, las cifras de la litigiosidad y de las plantillas judiciales demuestran que hacen falta más jueces, funcionarios mejor preparados, procedimientos eficaces para la gestión y, además, pero no en su lugar, reformas procesales que agilicen la actividad jurisdiccional. La opción de la huelga no es la más acertada. Todo lo contrario. Al margen de si los jueces tienen o no derecho a la huelga, lo relevante es que ésta la van a sufrir los ciudadanos, ya suficientemente entrampados en pleitos inacabables, y más ahora con una crisis económica que ha disparado el número de morosos y de conflictos jurídicos. Los jueces convocantes deben asumir que el respaldo social a sus demandas -que lo tienen- no comprende una medida de presión contra el Gobierno que se carga sobre los derechos de los justiciables.

Ahora bien, el problema político subsiste con huelga o sin ella y su responsabilidad recae en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Bajo su mandato se han llevado a cabo las más claras intromisiones en la independencia de los jueces y el autogobierno del Poder Judicial, no ha aprobado reformas procesales y no ha aprovechado la bonanza económica de su primera legislatura para asumir el reto de un gran plan de inversiones. El caso de la sanción al juez Rafael Tirado fue el detonante de la crisis, porque exhibió la desfachatez con la que el Gobierno quiso teledirigir la decisión del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que corre el riesgo de acabar siendo irrelevante a fuerza de querer ser equidistante. El Gobierno sabe que una Justicia deslegitimada y descabezada es más fácilmente manipulable. Para este objetivo, nada más idóneo que el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien mantiene en el Gobierno el activismo sectario que lo caracterizaba como fiscal jefe de Madrid. Su presencia en el Consejo de Ministros es una provocación al sentido común, pero también es la apuesta de Rodríguez Zapatero por crear tensión -como él mismo dijo en la precampaña de 2008- y mantener en discordia permanente a la sociedad, a las instituciones y, si es necesario, a los poderes del Estado. Es un error pensar que el ministro Bermejo -con sus cacerías, sus invectivas a los jueces, su facundia- perjudica al presidente del Gobierno, porque en realidad le sirve, como otros ministros convertidos en caricaturas de sí mismos, de parapeto a las críticas. Pero con la Justicia, la gravedad de la crisis ya ha trascendido la anécdota del ministro de turno y entra de lleno en el conflicto de Estado y, por tanto, en la responsabilidad política del jefe del Ejecutivo.