En su balance general, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en un 35,47 por ciento (1.621 jueces) el seguimiento de la huelga de hoy. Estos datos responden a la información facilitada por los 17 Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías.

Según una nota hecha pública por el Consejo, las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien este órgano destacó "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".

Los primeros datos oficiales difieren en gran medida de los ofrecidos a la misma hora por los convocantes (el Comité Nacional de Huelga y las asociaciones Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), que hablan de un seguimiento de los paros por aprte del 70 por ciento de la carrera (2.192 jueces de los casi 4.500 existentes).

Desde primera hora de la mañana, masivaA las 11 horas de esta jornada histórica de huelga de los jueces en España ya habían comunicado que estaban en huelga al Comité de Huelga Nacional 1.500 jueces y magistrados y continuaba el goteo de correos de comunicación de más togados, lo que supone que desde media mañana ya son más de un tercio de los 4.440 jueces que hay en España los que han decidido protestar de esta manera contra las reformas y política que imprime el Ministerio de Justicia. Poco antes de las 13.00 horas, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ya ha certificado que eran 2.200 jueces los que no han trabajado hoy de los 3.500 que podían hacerlo, debido a las bajas de 200 jueces y a que otros 800 son interinos.

Una realidad que ha contradicho el ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, con sus augurios, ya que ha declarado que la huelga tendrá un "seguimiento minoritario" por el "altísimo grado de responsabilidad de los jueces", que acudirán a sus puestos de trabajo, ha vaticinado con mal atino el ministro en el Congreso de los Diputados.

Los jueces de una treintena de provincias y grandes capitales, como Madrid, Barcelona o Sevilla, están llamados hoy a secundar una "huelga nacional" convocada por la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), en una decisión inédita y sin precedentes.

El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas. |

Huelga de funcionarios en MadridLa primera huelga de jueces en España en demanda de más medios humanos y materiales coincide con una protesta "simbólica" en todas las sedes judiciales convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), las dos asociaciones que no secundan el paro, y en Madrid además con la huelga de doce días de los funcionarios de Justicia.

La falta de antecedentes ha llevado a que hayan sido los propios magistrados los que fijen los servicios mínimos que consideran "fundamentales", después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renunciara a establecerlos al considerar que la protesta carece de cobertura legal.

Así, la jornada de huelga de 24 horas no afectará a las causas con preso, los casos de violencia machista, asuntos relacionados con menores, el internamiento de enfermos mentales y otros temas urgentes en materia civil, según ha establecido el Comité de Huelga Nacional constituido por las asociaciones convocantes.

Calcular el seguimiento de la huelga tampoco será sencillo, ya que -además de la convocatoria nacional de la AJFV, que con 520 asociados es la segunda en la carrera, y el FJI, con 264 asociados-, se tendrán que recabar datos de cerca de una treintena de provincias y capitales donde las asambleas de jueces decidieron llevar a cabo el paro el pasado día 21.

Madrid y Barcelona marcarán la jornadaÉste el caso de los magistrados de las provincias de Sevilla, Málaga, Almería, Huelva, Extremadura, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Girona, Tarragona, Zamora, Teruel, Cuenca, Ciudad Real, Pontevedra, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ibiza, Palma de Mallorca y la ciudad autónoma de Ceuta, entre otras.

A éstos hay que sumar también los jueces de grandes capitales como Madrid y Barcelona, donde el resultado de la huelga puede ser definitivo, ya que agrupan a una buena parte de la carrera judicial, y todo ello teniendo en cuenta que casi un 50 por ciento de los 4.860 jueces que hay en España no están asociados.

Todas estas circunstancias hacen imprevisibles las consecuencias de la protesta, que antes de ser efectiva ya ha desunido a la carrera judicial y ha provocado un amplio debate político y doctrinal sobre el derecho de huelga de los magistrados, aunque nadie niega que habrá un antes y un después del paro.

Hasta ahora, los intentos del Gobierno y del CGPJ por frenar el paro judicial han fracasado, pese a que ambos aseguran que, dejando a un lado la reclamación de mejoras salariales, muchas de sus peticiones son asumibles y la mayoría, entre ellas la implantación de la nueva Oficina Judicial, están ya en trámite parlamentario.

Tanto el Ejecutivo como el órgano de gobierno de los jueces coinciden en que la huelga, además de perjudicar a los ciudadanos, puede dañar la ya deteriorada imagen de la Justicia, mientras que los convocantes del paro esperan que la disposición al diálogo del Gobierno se materialice el día después del 18-F.

«No causará tanto trastorno como dice el Gobierno»Una de las asociaciones convocantes, la Francisco de Vitoria, estima que 2.000 jueces secundarán la huelga , algo que podría haberse evitado si el Ministerio de Justicia y el Gobierno "hubieran mostrado una mayor voluntad de diálogo y no el absoluto desprecio a la carrera judicial", y asegura que no temen que el Consejo General del Poder Judicial "vaya a tomar ninguna medida ni de oficio".

El portavoz nacional de la Asociación, Marcelino Sexmero, restó importancia al parón judicial, puesto que "una huelga de jueces de un día no causa el trastorno que el Gobierno y algunos pretenden que es". "Son algunos señalamientos que se van a posponer a otro día posterior y la atención a las causas urgentes y preferentes se van a atender", argumentó en declaraciones a Ep. Así, criticó que no se habría llegado al extremo de la huelga, en caso de que el Gobierno hubiera hecho "gestos", como la aplicación del plan concilia o el mantenimiento del señalamiento de las vistas en favor de los jueces y no de los secretarios judiciales, tal y como establece el actual proyecto de ley.

Sexmero apuntó a la insuficiencia de lo ofrecido por el Ministerio en anteriores negociaciones, como 20 millones de euros para la modernización del sistema informático o 150 juzgados anuales más.

A su juicio, para transformar el sistema judicial, "lógicamente 20 millones de euros es menos de lo que se dedican a poner carteles por ahí los distintos gobiernos para hacer publicidad de sus propios actos".