El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aceptó pagar un precio de amigo por su participación en la cacería celebrada el pasado 7 de febrero en la ciudad jiennense de Andújar, a la que asistió también el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Bermejo asegura que la montería en el coto de Navaltorno le costó 1.000 euros, pero la cifra es considerablemente inferior a la que se paga en el selecto parque natural de Sierra Andújar, donde la media por puesto supera ligeramente los 3.000.

Así, para participar en un coto cercano, el de Los Alarcones, en una batida celebrada en enero pasado, los participantes tuvieron que pagar 7.350 euros por puesto. En la finca La Jarrilla se pagaron en octubre 4.800 euros, 50 más que en Montealegre. Con una particularidad, en todos los casos el cupo de piezas fijado era menor que el abatido en Navaltorno. En concreto, en Los Alarcones se fijó en tres ciervos, dos muflones, gamos y jabalíes.

Tan sólo en el coto Garci-Gómez, en octubre, se pagó un precio inferior (750 euros) al desembolsado por el ministro, pero sólo podían cazarse jabalíes. En La Jarilla (1.000 euros) también se cazaron ciervas. Si en el cupo se incluyen ciervos la cuantía a pagar se dispara: para uno de tres venados se abonaron 3.500 euros por puesto en Encinarejo San Miguel y 4.800 en Gorgogil.

Otra cosa: si los animales abatidos hubieran pedido la hora tal vez estarían vivos. Tanto el juez como el ministro aprovecharon los dos últimos días que permite la administración autonómica para la práctica de la caza mayor. A partir del 9 de febrero se establece la veda para la actividad cinegética de ciervos, muflones y gamos en las provincias orientales de Andalucía. La batida de Andújar tuvo lugar el 7 y la del municipio de Torres (Jaén) el día 8. A ésta última, en la que se cazaron muflones, el ministro Bermejo asegura que fue invitado por el propietario. El fin de semana le salió bastante económico.

Lo que no le va a salir tan barato son las repercusiones. Las críticas dentro de su propio partido van manifestándose. Abrió la veda el ex ministro socialista y actual alcalde de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, que pidió su dimisión. Ayer se pronunció el presidente de las Junta de Andalucía y también del PSOE, Manuel Chaves, que calificó de «inoportunas» las monterías protagonizadas por el ministro de Justicia. Y remató el portavoz socialista, José Antonio Alonso, que aunque cree que el asunto de la cacería es «accesorio», compartió el término para definirla: «Inoportuna».

Rechazar regalos y favores

En este contexto, cabe recordar que el Código de Buen Gobierno, aprobado por el Ejecutivo de Zapatero en 2005, señalaba: «Los miembros del Gobierno ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios éticos: (...) neutralidad, imparcialidad y austeridad». Se trata del primer punto de un documento que, según cree el PP, el ministro de Justicia ha hecho trizas en siete puntos al menos. «Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público», rezaba el Código. Soraya Sáenz de Santamaría advirtió que el «caso cacería» supone un «ataque frontal» a esos principios.

El Código decía también que los ministros y altos cargos: «No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas». Entre los principios defendidos se encontraban el de «ejemplaridad», así como el de «rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas».