Domingo, 15-02-09
A. R. VEGA
CÓRDOBA. «Aquí algunos proveedores del Ayuntamiento no se meten fuego, pero han tenido que cerrar». No han llegado al extremo del empresario de Arganda que amenazó con quemarse a lo bonzo sin el Consistorio de Loeches no le abonaba los 450.000 euros que le debía, pero más de medio centenar de empresarios de Fuente Palmera se sienten tan sobrepasados como el desesperado promotor que hace dos semanas acaparó minutos en los informativos.
La situación es desalentadora, relata a ABC el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Teófilo Gamero, quien, como dueño de una firma suministradora de aluminio, sufre en primera persona la morosidad de esta Administración.
Estos proveedores también aguardan a que las autoridades de la colonia den salida a las montañas de facturas y albaranes sin pagar que no hacen otra cosa que acumular polvo en los despachos de la sede municipal, algunos son servicios que están pendientes de abonarse desde 1995.
El Consistorio de Fuente Palmera adeuda a Gamero más de 200.000 euros desde hace años por unos trabajos que realizó, pero de los que hasta ahora no ha visto ninguna contrapartida. El agujero económico por sí solo basta para descuadrar las cuentas de una empresa auxiliar más bien modesta, sobre todo ahora que las grúas de la construcción están paradas por la recesión. «Yo he tenido que despedir a gente: de los 22 trabajadores que tenía, me he quedado en seis», exclama.
Teófilo Gamero pone números y rostro a un problema común entre proveedores de ayuntamientos, algunos asfixiados económicamente por la falta de financiación o literalmente en quiebra. Pero, por lo general, muy pocos empresarios dan la cara, porque aún pesa más el deseo de cobrar sus servicios. «Nadie quiere señalarse, este es un pueblo muy chico y lo que queremos es cobrar», argumenta. Calcula que la deuda con proveedores ronda los 2 millones de euros.
«No hemos visto un duro»
Con la nueva Corporación, de nuevo en manos del PSOE, la patronal ha iniciado algunos contactos para fijar un plan de pago. «Predisposición hay, incluso nos han prometido que las facturas no van a caducar, pero de momento del dinero no hemos visto un duro», se queja. Algún paso se ha dado. «Al menos ahora nos escuchan», añade.
Este empresario apunta una solución: «Lo mismo que el Gobierno ha hecho un plan contra la crisis, que haga otro para sanear estas deudas municipales». Entre tanto, Gamero no está dispuesto a tropezar dos veces en la misma piedra: «Por mi parte hasta que no liquiden lo que me deben, no trabajo para el Ayuntamiento».
Fuente Palmera, en cuyo ayuntamiento llegaron a cortar la luz por impago hace unos meses, es un caso extremo de morosidad, provocado, sobre todo, por la prórroga de presupuestos durante años, pero no el único. Una somera batida por distintas asociaciones empresariales alertan de situaciones parecidas en Montilla, Belalcázar o Cabra.
La Ley de Contratos de las Administraciones marca un máximo de 60 días para que la administración satisfaga las cantidades acordadas con las empresas. Transcurrido ese plazo (el mismo que tienen las empresas privadas), deberán pagar intereses de demora.
El plazo rara vez se cumple. De media, según un informe de Intrum Justitia, el sector público español tarda hasta 144 días en saldar sus deudas. A pesar de la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos ante el juzgado, porque se arriesgan a verse relegados en su trato con la Administración. El remedio es, en muchas ocasiones, peor que la enfermedad.
Reclamaciones
Pero, con la crisis, las tornas han empezado a cambiar. A la Oficina del Defensor del Ciudadano, que dirige Francisco García-Calabrés, han llegado en el último mes y medio tres reclamaciones de empresas que piden que intercedan ante administraciones para que les abonen las facturas.«No son grandes empresas, porque normalmente éstas utilizan vías jurídicas para reclamar», explica García-Calabrés.
En cualquier caso, «no deja de ser sintomático que no habiendo venido antes casi nadie, ahora comiencen a aparecer firmas con estos problemas», subraya. Son empresas dedicadas al suministro eléctrico y de algún tipo de material, a las que deben entre 7.000 y 12.000 euros por servicios que se realizaron hace de uno a tres años.
Por lo general, estos ayuntamientos esgrimen «falta de liquidez» para abonar los recibos. Para García-Calabrés, es evidente que «existen dos varas de medir entre la Administración morosa y su administrado», quien en el caso de no pagar religiosamente se enfrenta a los temidos recargos de apremio y una más que probable amenaza de embargo.
La gerente de la Asociación Provincial de Empresarios Instaladores de Fontanería y Saneamiento, Inmaculada Gordillo, comenta que algunas firmas se han quejado de «retrasos» en los pagos, situación que «se ve agravada ahora por la crisis». «Hay unos pocos que se podrían quemar a lo bonzo», ironiza esta empresaria.