Un conglomerado de empresas que se nutría de fondos de comunidades autónomas y ayuntamientos para obtener un beneficio propio. Por el camino, dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas para conseguir la organización de eventos en perjuicio de otros posibles adjudicatarios. Así se resume la «trama de corrupción» que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y sobre la que ayer volvió a levantar parcialmente el secreto de sumario. Lo hizo con motivo del auto de prisión que dictó contra los tres principales imputados de esta causa: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El cuarto detenido, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, quedó ayer en libertad.

Es la segunda vez que Garzón alza el secreto de esta causa (la primera fue el auto en el que imputó a otras 34 personas), y tampoco en esta ocasión pone nombre a miembro alguno del PP, partido que para el Gobierno está implicado en las actividades delictivas de esta organización, dedicada fundamentalmente al blanqueo de capitales. Sí menciona Garzón, de forma genérica y una sola vez, que los tres imputados ahora presos se desenvolvían en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia.

No están todos los que son

En esta misma resolución Garzón señala que además de los delitos en los que estos empresarios habrían incurrido (blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y, en su caso, también asociación ilícita), hay más que presuntamente habrían cometido otros coimputados, que ya anuncia el juez que no van a ser sólo los 37 que a día de hoy constan en la causa. Casi todos ellos están relacionados con la «trama empresarial» diseñada por Correa, aunque también figuran los ex alcaldes de Majadahonda y Boadilla, Guillermo Ortega y Arturo González.

Lo que describe Garzón en la resolución dada a conocer ayer es una organización (de la que formaban parte Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez) cuya principal finalidad ha sido, «como mínimo durante los últimos diez años, la realización de operaciones y eventos para captar negocios y fondos en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia a través de un conglomerado empresarial» integrado por 23 sociedades. Sobre esta «estructura nacional» se superponía otra «internacional» integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda. Éstas, a su vez, eran participadas por entidades creadas en «paraísos fiscales», como las Antillas Holandesas o Islas del Canal.

El diseño de la estrategia de ocultación, dice el instructor, consistió en la constitución de sociedades «por medio de testaferros y a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal especializados en la creación de estructuras fiduciarias opacas». Dentro de este entramado, cada uno de los tres imputados cumplía su papel. Así, Correa (cuyo patrimonio no llega a valorar el juez, aunque sí menciona tres inmuebles en España y varios atraques de barco) era quien supervisaba directamente todas las actividades de la organización; controlaba las cuentas en Suiza; ordenaba la contratación de productos financieros, y daba «instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos» para obtener un provecho económico para él» y su grupo, que contaba con un «piso de seguridad» para guardar «documentos sensibles».

Elevado riesgo de fuga

Crespo, por su parte, era «el segundo de la organización» y responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa, con quien «codiseña la estrategia de ocultación de fondos». Este imputado ejecutaba las órdenes de Correa y dirigía y controlaba el funcionamiento de las empresas de eventos, concertaba las reuniones y supervisaba la gestión financiera. Además, impartía «instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades». Por último, Antoine Sánchez era un «elemento decisivo» dentro de la estrategia de desvinculación de Correa de todas las sociedades, al figurar él como responsable de las mismas.

El juez justifica las «apresuradas» detenciones de estos tres imputados en que la organización estaba a punto de disolverse y Correa, de huir al extranjero. Sobre todos ellos, dice, existe un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.