ELENA CARRERAS

Alicia Sánchez-Camacho se entrevistó ayer con Castells en la sede de la Conselleria de Economía

MARÍA JESÚS CAÑIZARES

BARCELONA. El informe de la Sindicatura de Comptes, en el que se denuncia desvíos presupuestarios del 20% en Adigsa -responsable de la construcción y rehabilitación de vivienda pública de la Generalitat- desató ayer un cruce de reproches entre CiU e ICV, responsables de la gestión de esa empresa pública en 2003 y 2004.

La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda que encabeza Francesc Baltasar (ICV) aseguró que «comparte» las conclusiones del informe y aclara que, cuando tomó las riendas de esta empresa en 2004, ya detectó estas irregularidades y las puso en conocimiento de la Fiscalía de manera «inmediata». Asimismo, recuerda que, una vez descubiertas estas «ineficiencias», se llevaron a cabo los cambios oportunos para devolver a la empresa la «máxima transparencia» y rigor, destituyendo también a sus responsables.

Defensa de Milà

Más beligrante, ICV arremetió contra CiU y, a través de su portavoz, defendió la gestión del ex conseller de Medio Ambiente, Salvador Milà, y apuntó que las irregularidades se cometieron, sólo, en la etapa de CiU, cuando Felip Puig era conseller de Política Territorial y Obras Públicas.

Laia Ortiz afirmó en un comunicado que los contratos verbales que revela la Sindicatura y que se hicieron entre 2003 y 2004 «son anteriores a la toma de posesión del nuevo consejo de administración», que se produjo el 5 de marzo de 2004 y «fueron convenientemente puestos a la luz inmediatamente por el mismo departamento, en algún caso con repercusiones judiciales que todavía continúan». La portavoz ecosocialista instó a Puig a dar las explicaciones pertinentes ante la publicación de este informe. Por su parte, Milà afirmó que con la llegada del tripartito se «puso orden» en la empresa pública Adigsa. «Si el informe habla de 2004 es porque tuvimos que pagar las facturas» pendientes de la época de CiU, dijo Milà.

Felip Puig aseguró que empresas externas auditaron cada año las cuentas de Adigsa y el resultado fue siempre «impecable». El actual secretario general adjunto de CDC defendió su gestión alegando que hacen falta «mecanismos de agilidad» en una empresa que se ocupaba muchas veces de actuaciones urgentes, y puso como ejemplo un escape de gas».

Exceso de personal

Pero el auténtico contrataque por parte de los nacionalistas fue liderado por el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, quien cuestionó la gestión actual de Adigsa. Denunció el exceso de personal existente en esta empresa pública, que en cinco años ha pasado de 234 a 357. Asimismo, cuestionó que se hayan contratado a 60 personas para realizar tareas se asesoramiento, una práctica que, según Pujol, «no es legal». También aseguró que el convenio colectivo firmado en 2007 no se ha cumplido y ni siquiera se ha inscrito en la Conselleria de Trabajo.

Finalmente, se refirió a las irregularidades denunciadas por la Sindicatura en el Institut Català de Industries Culturals, así como al informe que, la semana próxima, se debatirá en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament referente al Programa 221, Seguridad Ciudadana, correspondiente a 2006. En este documento se alude a deficiencias en la tramitación de la construcción de comisarías de los Mossos dŽEsquadra. Concretamente, el informe indica que la adjudicación de contratos para la construcción y conservación de diversos edificios mediante alquiler, acordada en enero de 2006, «no cumple el requisito indispensable por el hecho de que 6 de los 10 terrenos no estaban disponibles». Las modificaciones de los contratos de cesión, efectuadas ocho meses después, incrementaron el coste final de la obra en 4,6 millones de euros. El Govern alega que el despliegue de los Mossos dŽEsquadra forzó esa premura en la contratación.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció que su partido pedirá explicaciones en sede parlamentaria sobre la gestión de Adigsa y que, en su opinión, se trata de una situación que conllevaría un «grave incumplimiento» por parte de dos gobiernos.