«Nunca en España, ni con Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González o José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como hasta ahora». La cita pertenece a Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, y la hizo ante los micrófonos de Génova en la rueda de prensa que ofreció tras el Comité Ejecutivo convocado para ayer con urgencia. Urgente se hacía la unión de todos los «barones» y personalidades de la formación para pergeñar la estrategia de partido con vista a las cribas electorales de Galicia y País Vasco, en marzo, y Bruselas, en junio. Pero una foto, que reveló que el juez que había abierto la caja de los truenos contra el PP en plena precampaña, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, había compartido gusto por la caza el fin de semana en una finca jiennense con el ministro de Justicia (además de con el jefe de la Policía Judicial, como ha revelado ABC) cambió el orden del día en la agenda de los populares y el curso del pacto político por la Justicia.

En el Comité del PP, hubo un hombre, José María Michavila, cuyas aportaciones resultaron cruciales para el tono que adoptó su líder al concluir el encuentro. Michavila, conocido enemigo político de la manera de hacer de Mariano Fernández Bermejo protagonizando ambos importantes encontronazos verbales en el Congreso de los Diputados, trajo a la memoria de los dirigentes populares el vasto recorrido de Bermejo como fiscal jefe de Madrid. En esos treinta años, contó el que fuese ministro de Justicia con Aznar, el fiscal jefe de Madrid utilizó su puesto para perseguir al Partido Popular, como demostró en varios gestos relevantes. Michavila recordó que uno de los últimos «favores» que había hecho Bermejo a Zapatero aún como fiscal jefe se produjo en 2003 cuando el presidente del Gobierno anunció que llevaría pruebas al Debate sobre el Estado de la Nación de la trama del «ladrillazo», aunque luego no lo hizo. Sin embargo, siempre según Michavila, al día siguiente Bermejo presentó una querella contra tres alcaldes del PP y varios concejales que ya había sido archivada. El resultado fue un nuevo archivo, informa Ep.
Pero no fue éste el único episodio que rememoraron los populares para arremeter con dureza contra el ministro de Justicia y acabar abandonando el Pacto por la Justicia en la Comisión del ramo durante la tarde de ayer. Según Rajoy, las denuncias por corrupción a empresas vinculadas con la organización de actos del PP y a nombres propios a los que se ha querido ligar de forma intrínseca con el partido, como el empresario Francisco Correa -en prisión-, buscan manchar «la imagen del PP» exactamente igual como se hizo en dos ocasiones: en la «campaña del lino» de 1999, en la que el nombre propio que saltó a la palestra fue el de la difunta Loyola de Palacio, y las acusaciones por corrupción a tres ediles en la localidad canaria de Telde a los que esta misma semana la Justicia ha dejado en libertad sin cargos. «¿Pero quién resarce el daño a su imagen?», preguntó ayer a voz alzada el líder popular.

El PP rompe con Justicia y recusa a GarzónGuardar en un cajón determinadas acusaciones para que vean la luz en pleno proceso electoral es una maniobra recurrente por parte de los partidos, pero mezclando la Justicia, restañar esas heridas abiertas ante la cercanía de los sufragios puede alargarse durante meses y hasta años, como en el caso de los concejales canarios. En esta ocasión, Rajoy ha querido ir más allá y romper toda interlocución con el ministro del ramo hasta que dimita. Si durante los últimos tiempos, el PP ha pedido en un sinfín de ocasiones la comparecencia en el Congreso del titular de Justicia para que diese cuenta de lo desbaratada que se encuentra la Administración judicial,con una huelga (será en seis días) y un proyecto de reforma de la Justicia (hoy se presenta en el Congreso) en ciernes, en la intervención finalmente de Bermejo en el hemiciclo, ayer, los populares le recordaron todas sus «causas pendientes». «¿Es ético que el jefe de la Policía Judicial, el juez que acaba de destapar una presunta trama de corrupción que implicaría a cargos del PP y el ministro de Justicia del Gobierno se vayan de caza juntos durante sus días de asueto?». La respuesta, para Rajoy, es que resulta «un acto obsceno».

El ministro reveló, horas después, que cuando va de caza «desconecta» y no intercambió ni «una palabra» con el juez sobre la llamada «Operación Gürtel», pero la duda, al menos en Génova, queda. La independencia judicial se presupone y el hecho de compartir la afición por el campo no la enfanga, pero la pone en entredicho, lo que, a la postre y con la inocencia de determinadas personas y la imagen global de un partido en juego, es «inaceptable», en palabras de Rajoy.

Esta misma mañana se produce, en consecuencia, la presentación del escrito de personación del PP como acusación particular en el caso de la trama, requisito imprescindible para que pida, al unísono, en el Juzgado de Garzón la recusación del magistrado al frente de la causa. Lo paradójico es que el primer requisito para iniciar el trámite de recusación es que se acepte que el PP va a ser parte en este asunto, algo que debe decidir el propio juez instructor, o sea, el mismo Garzón. Si Garzón deniega la petición del PP, el partido podría apelar ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y reucrrir esa decisión.
En caso de propsperar, será el sustituto natural de Garzón, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, el que dirija el caso de la presunta trama de corrupción y el primero sería apartado temporalmente de la causa, según especifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Los lectores de ABC.es ya han opinado y han considerado, por más de un 73 por ciento de los votos, que «no es ético» que ministro y juez se fuesen de cacería conjunta.