Correa dirigía un «conglomerado empresarial» de 23 sociedades, según Garzón
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la "Operación Gürtel" que dirigían un " ... conglomerado de empresas" formado por 23 sociedades que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando". Fuentes jurídicas han indicado que Garzón va a investigar a las autoridades públicas a las que, presuntamente, habría sobornado el empresario.
Con el objetivo de "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos", Garzón señala que los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas", dice el juez.
En un auto hecho público hoy, el magistrado añade que, según un informe policial, Correa "planeaba salir de España el pasado día 7" y estaba realizando gestiones "para obtener la residencia en un país de Centroamérica".
El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte "en inmediata relación de jerarquía" su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.
El magistrado, que imputa a los tres delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de capitales, celebró a última hora de la tarde las vistillas para determinar la situación de los detenidos después de que el pasado lunes prorrogara -a petición de las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Myriam Segura y Concha Sabadell- el plazo de detención de los tres con objeto de practicar unas diligencias solicitadas por el Ministerio Público.
El juez ha tenido en cuenta para tomar su decisión el considerable riesgo de fuga y de destrucción de pruebas existente en el caso de que los arrestados fueran puestos en libertad. Garzón tomó declaración durante la jornada a otras tres imputadas, que quedaron en libertad con comparencias mensuales y la obligación de no abandonar el territorio español, añadieron estas fuentes. Una de ellas, la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, explicó que se encuentra en trámites de separación desde hace cuatro años y que se desvinculó de sus empresas desde el año 2001.
También comparecieron ante el juez Felisa Jordan, relacionada con varias de las empresas del entramado -Good and Better y Easy Concep- y Carmen Luis Cerezo. Ambas abandonaron las dependencias de la Audiencia Nacional sin realizar declaraciones a los medios de comunicación.
El juez continuará en los próximos días los interrogatorios del resto de imputados , un total de 37, señalados en sesiones de mañana hasta el próximo día 5 de marzo. Entre ellos se encuentran los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, ambos del Partido Popular (PP).
Nueva Declaración
Durante la tarde de hoy, jueves, el magistrado tomará declaración al último de los detenidos, el responsable de la empresa Orange Market Alvaro Pérez Alonso, conocido como "El Bigotes", añadieron las citadas fuentes.
De forma paralela, el juzgado de Garzón se encuentra examinando la documentación que obra en más de 25 cajas precintadas con material incautado en los registros efectuados contra la trama de corrupción presuntamente dirigida por el empresario.
Entre el material, que fue trasladado el lunes hasta el órgano judicial en una furgoneta de grandes dimensiones, se encuentran además numerosos CPU de ordenador, pantallas planas de enorme tamaño, e incluso fotografías enmarcadas y cuadros.
Las cajas, que están numeradas y precintadas con cinta de la Dirección General de la Policía, van señaladas con el cartel de 'Operación Gþrtel' y en cada una se especifica el inmueble y la ciudad de las que proceden los documentos, la mayor parte de Madrid y Valencia.
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