«Esto se está convirtiendo en un infame campo de pruebas, y nosotros no estamos dispuestos a permitir que la capital gallega sea, de repente, un nido de grupos terroristas, ni de la «kale borroka»». El portavoz popular del PP en Santiago, Gerardo Conde Roa, inculpó directamente a los socialistas compostelanos, por su «colaboración, complicidad y doble vara de medir», al permitir, indicó, que grupos de «actividad paraterrorista» se congreguen en locales que carecen de licencia de apertura.

Puso nombre a estos establecimientos: A Gentalha do Pichel, en Santa Clara, sin permiso; Centro Social Henriqueta Outeiro, en Quiroga Palacios; y Sala Nasa, el recinto que el pasado 6 de diciembre amparó la «Festa da Liberdade» (Fiesta de la Libertad), travestida en un homenaje a Ugío Caamaño y Xiana Rodríguez, los dos independentistas que colocaron una bomba en el cajero de Caixa Galicia el 23 de julio de 2005. El acto se coló en la agenda cultural del consistorio regido por el bipartito PSOE-BNG, aunque al final se retirase a raíz de una denuncia popular.

«Se sabe quiénes son»

«Todos sabemos dónde se juntan, quiénes son y cómo se organizan, y mi extrañeza es: ¿no se actúa para evitarlo?, ¿por qué se les hace publicidad?», indicó Roa, que habló de la «repugnancia» que produce a este grupo «la tolerancia del ayuntamiento hacia estos elementos, los batasunos gallegos», que vinculó no solamente con los incidentes acaecidos el domingo en la manifestación de Galicia Bilingüe, sino con las agresiones a María San Gil en la última visita a la comunidad autónoma como presidenta del PP vasco -12 de febrero de 2008-, y el intento de boicot a la conferencia del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en la Facultad de Ciencias Políticas, el 10 de diciembre de ese mismo año.

La UPyD de Rosa Díez, presente en la protesta, denunció un «reparto de tareas entre el nacionalismo gallego institucional, y el ultra y violento»; y alertó del crecimiento de «grupúsculos neonazis en torno a una ideología étnica». Los extremistas de Briga, Nós-UP, Ceivar, Agir, AMI e Isca¡ recogen en su web la misma idea: «defender la lengua no es delito». Su modus operandi lo definen de una forma muy escueta: construyen poder popular.