En el caso de Eluana Englaro los segundos se han convertido en fundamentales. Segundos para que a la joven italiana de 38 años en coma desde 1992, le desconecten las sondas que la mantienen con vida desde aquel accidente que la dejó en estado vegetativo. Segundos también que cuentan para el Gobierno que contrarreloj dio a conocer ayer el texto de un decreto de ley con el que se quiere bloquear la desconexión que hoy finalmente dará inicio, como anunció el anestesista de la joven en coma. «A la espera de la aprobación de una completa y orgánica disciplina legislativa en materia de fin de vida —se lee en el decreto que se presenta hoy en Consejo de Ministros— la alimentación y la hidratación no pueden ser en ningún caso rechazados por el sujeto interesado o suspendidos a quien asiste a sujetos que no son capaces de proveer por sí mismos».

Si el decreto viene ratificado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, paralizaría la desconexión de las sondas que mantienen con vida a Eluana desde el 18 de enero de hace 17 años. Pero el propio Napolitano llamó ayer al Gobierno a la reflexión cuando le fue presentado el decreto.

La «Disposición urgente en materia de alimentación e hidratación» redactada por el gobierno de Silvio Berlusconi, era la petición que los sectores católicos del país habían solicitado para salvar a Eluana. De seguir adelante el decreto, se bloquearía durante 60 días cualquier decisión, a la espera de que el Parlamento vote el texto de ley sobre el testamento biológico que se está estudiando en el Senado.

La ley sobre el testamento biológico contempla la renovación de la propia voluntad de muerte cada tres años, la firma de aprobación de un médico, y el punto más polémico: la hidratación y la alimentación se excluyen de la terapia de la que se puede solicitar la suspensión. Es decir, que con el decreto se paralizaría la muerte de Eluana dando el tiempo necesario para aprobar la ley sobre el testamento biológico que la mantendría.

Los abogados de la familia Englaro, Giuseppe Campeis y Vittorio Angiolini, calificaron el decreto de «elección constitucionalmente fuera de la norma». De hecho, como explicaron, el texto del Gobierno provocaría un conflicto sin precedentes entre el poder judicial y el ejecutivo, «sin contar los aspectos humanos y médicos de la historia que involucra entre otros, un tratamiento sanitario en curso y una nueva invasión sobre Eluana».

Los abogados anunciaron ayer que no se detendrán «mientras sigamos en la legalidad». La decisión del Gobierno fue también criticada por los partidos de oposición que calificaron de inaceptable el decreto, mientras que el ministro de Salud, Maurizio Sacconi, subrayaba en una nota que «sería paradójico que Eluana Englaro fuera la única persona en morir sobre la base de la presunta voluntad, ésta es la finalidad de la ley sobre el testamento biológico».

Investigación de la fiscalía

En tanto, para aclarar todas las dudas, los abogados de la familia Englaro y el médico que acompaña a Eluana desde el martes cuando llegó a la clínica de Udine, declararon ayer ante la fiscalía de la ciudad sobre las condiciones de muerte de Eluana presentando el protocolo de actuación firmado por la clínica «La Quiete» y por la Asociación «Por Eluana» en la que se constituyeron el lunes los catorce médicos y enfermeras que asistirán a la joven hasta su muerte.

La fiscalía a última hora de la tarde de ayer salió en ayuda del gobierno y anunció la posibilidad de confiscar cautelarmente la habitación y el material médico de Eluana hasta que se aclare la historia.

Asimismo la propia fiscalía abrió también ayer una investigación para verificar los testimonios de los amigos y familiares que afirman que Eluana en vida expresó su voluntad de preferir morir a vivir en estado de coma, ya que estas declaraciones fueron la base del Supremo para conceder la desconexión solicitada por el padre.